Los ayuntamientos canarios, en su inmensa mayoría, no cayeron en la tentación de los años de bonanza y especulación financiera previos a la crisis, aunque algunos sí lo intentaron con productos bancarios de alto riesgo. De 2009 a 2011, y según un informe de la Audiencia de Cuentas remitido al Parlamento en 2016, aunque no expuesto en comisión hasta ayer, un total de 9 municipios trataron de lograr beneficios con los llamados "swaps", producto de alto riesgo que permite ganar al que los adquiere si suben los tipos de interés, pero mucho menos que lo que se pierde cuando bajan.

De esos 9 ayuntamientos, a la larga solo dos pusieron en realidad en riesgo fondos locales, si bien solo uno sigue en la actualidad exigiendo la devolución de lo invertido y ha tenido que recurrir a la vía judicial. Se trata de Gáldar (Gran Canaria, con alcalde del BNR-NC) y, según desveló ayer el presidente de la Audiencia en la comisión de Hacienda, Pedro Pacheco, la cifra exigida asciende a 957.000 euros, en parte con el Banco Santander.

La otra localidad que se expuso con ese producto tóxico y especulativo fue San Bartolomé (Lanzarote), aunque los 100.000 euros que arriesgó se recuperaron. En ambos casos, eso sí, y según recalcó Pacheco, se tomó esta decisión por parte de los alcaldes sin tener las competencias necesarias y, por tanto, cometiendo irregularidades. No obstante, la Audiencia de Cuentas nacional rechazó que hubiera responsabilidades legales, lo que no entendió ayer la portavoz de Podemos, Noemí Santana.

En el caso de Gáldar, el consistorio recurrió a la vía judicial, pero aún no ha habido resolución definitiva y Pacheco desconoce en qué punto se encuentra el proceso. Lo que sí recalcó, tal y como dijo Elena Luis (CC), es que se trata de operaciones que nunca debieron realizar los consistorios, aunque mostró cierta comprensión por el contexto que hubo en los años de bonanza con estos productos derivados, que comenzaron a comercializarse en 2004 y no solo se ofrecían a empresas y particulares, sino a administraciones públicas como contratos complementarios. Según recalcó, las administraciones no tienen ninguna potestad para arriesgar el dinero de los contribuyentes de esta forma, con lo que espera que haya servido de lección.

Los grupos censuraron, sobre todo, que no hubiera expediente de contratación, que se invadieran competencias del pleno y que se tratase de decisiones discrecionales de los alcaldes. Santana, no obstante, recordó que en esto también cayeron organismos regionales, como la empresa de vivienda Visocan, y cree que se deberían exigir responsabilidades jurídicas. Por el PSOE, Iñaki Lavandera recordó que el informe analiza los años posteriores "a la orgía financiera que llevó al crack de 2008", pero lamentó que no se ponga el foco, casi nunca, en los responsables financieros.

Perfil social de la PCI y 9 entes públicos cerrados

Aparte de detallar la memoria sobre 2018 de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pacheco se refirió al informe sobre la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en 2914 y 2015. Según recalcó, el perfil del beneficiario es el de una mujer de 25 a 55 años, de familia monoparental y con estudios básicos. La cifra de ayudas pasó de unas 7.000 a 12.166; lo invertido, de 26,5 a 36 millones, la media se fijó en 583,4 euros y la demora pasó de 9 a 4 meses. Asimismo, se refirió a los 9 entes públicos clausurados en 2015, entre los que destacó Gestur (8 millones de ahorro, para un total de 15). Además, las incidencias bajaron de unas 3.000 a 1.524.