El diputado regional de Podemos Manuel Marrero pedirá que el Parlamento de Canarias declare “obstruccionista” al Gobierno autonómico por mostrar una actitud “contraria al principio de transparencia para el normal desempeño y desarrollo del trabajo parlamentario”.

Según ha informado Podemos en un comunicado esta propuesta de resolución tiene su origen en que, desde abril de 2018, Marrero está esperando una "simple relación" de obras públicas para el período 2008-2018 segregada por islas en la que se hicieran constar dos datos: la adjudicación inicial y los posteriores sobrecostes.

Ante esta petición, según el grupo parlamentario de Podemos, el Gobierno respondió que dicha relación supone un "volumen tal que su traslado es "dificultoso” y, por ende, se dispone de la documentación interesada “en las dependencias de la Administración”.

Junto a esa respuesta, a Marrero se le adjuntaron una docena de teléfonos de funcionarios de las distintas consejerías para que se trasladase a revisar "in situ"’ los distintos expedientes.

Marrero ha considerado que dicha respuesta constituye un inadecuado cumplimiento de la obligación de facilitar la información requerida y ha señalado que no se solicitan expedientes o informes de las obras públicas para el período 2008-2018 sino una "simple relación" de estas obras en la que se hagan constar esos datos específicos.

Aún así, ha resaltado Marero, y pese a considerar que la pretensión del Gobierno era "ocultar información y dificultar el control parlamentario”, el diputado se trasladó a las dependencias de la Consejería de Obras Públicos, donde según ha dicho pudo constatar que el sobrecoste de la carretera del norte de La Palma no era del 67’42 por ciento como se le había indicado en sede parlamentaria con anterioridad, sino que ascendía al 96’35 por ciento habiéndose reducido el tramo un 33’2 por ciento.

“¿Será por ese motivo por lo que ocultan la información de la totalidad de la obra pública de la última década?”, se ha preguntado Marrero quien además formuló una pregunta oral ante el pleno exigiendo saber las razones que impidieron al Ejecutivo regional remitir toda la información solicitada.

El pasado mes de noviembre, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se limitó, a juicio de Marrero, a reiterar la justificación ya dada, añadiendo que no es posible solicitar documentación ‘ex novo’ a la administración mediante el procedimiento establecido en el artículo 12 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

"A riesgo de resultar repetitivo, lo que se solicitó no es, usando la misma terminología empleada por el señor vicepresidente, una información ‘ex novo’ sino una información que ya existe, o al menos debe existir por imperativo legal”, ha señalado el diputado.

Según la nota, la intención de Marrero es que la totalidad de la Cámara se pronuncie en contra de las prácticas obstruccionistas del Gobierno de Canarias ya que en esta legislatura ya han sido varios los diputados de la oposición que han exigido a distintos consejeros que facilitasen la documentación solicitada tras meses de retraso.

"Esta opacidad impide que se lleven a cabo las tareas de fiscalización al gabinete", ha concluido Manuel Marrero.