La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acudió el pasado viernes a la Inspección de Trabajo para denunciar supuestos incumplimientos por parte de la empresa concesionaria de la seguridad privada en el centro de medidas judiciales para menores de Valle Tabares, Alcor, en materia de seguridad.
En un escrito se pide que dicha institución adopte "cuantas acciones sean necesarias contra la Fundación Ideo (entidad responsable de los centros de internamiento de Valle Tabares y La Montañeta) para que la misma cumpla con la legalidad vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo".
No es la primera vez que por parte de la citada organización se presentan denuncias o requerimientos en los últimos meses contra el funcionamiento de la seguridad privada en el centro Valle Tabares. De hecho, la Inspección de Trabajo ha recibido casi una veintena de esos escritos.
El representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Gustavo Villalobos, recuerda que en el contrato de adjudicación del servicio de seguridad privada a Alcor Seguridad se contemplaba la obligatoriedad de efectuar, al menos, un simulacro de emergencia cada 12 meses.
Villalobos explica que esa medida se ha incumplido, ya que durante todo el pasado año no se llevó a cabo un ejercicio de estas características.
Desde la organización sindical se recuerda que, por las características del citado recurso para menores de edad con medidas judiciales, sería oportuno que el personal estuviera adecuadamente preparado para solventar con garantías diversas emergencias por incendios o riñas tumultuarias entre internos.
En opinión de Villalobos, "ha quedado de manifiesto que tanto el director administrativo del contrato como el director de seguridad de la Fundación Ideo no han tomado las medidas ante los reiterados incumplimientos por parte de la empresa de seguridad adjudicataria del servicio.
Alcor asumió la prestación de la vigilancia en Valle Tabares en septiembre del año 2017, como recuerda el citado representante del CSIF.
Desde el primer momento, la citada organización sindical ha planteado diversas críticas a su actividad y denunciaron que parte del personal está sometido al convenio de empresa.
Cabe recordar que uno de los últimos sucesos relevantes ocurrido en el interior de las dependencias del centro de internamiento de Valle Tabares se produjo en el mes de diciembre del año pasado.
Dada la gravedad de los hechos protagonizados por un grupo de adolescentes ingresados en dicho recinto, fue necesaria la actuación del personal de seguridad y de agentes de la Policía Nacional para evitar que la situación fuera a más.
El representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Gustavo Villalobos, comentó que el próximo mes está previsto que se celebre un juicio contra la actual empresa concesionaria del servicio de vigilancia en Valle Tabares por "incumplimientos continuados en el marco del convenio nacional del sector". Villalobos explica que esa práctica de Alcor presuntamente supone la "vulneración del descanso del personal semanal obligatorio, su formación y reciclaje". Este delegado sindical comenta que tales prácticas han motivado "múltiples sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, que las ha tipificado como graves o muy graves". Villalobos señala que de tales supuestas irregularidades tiene conocimiento la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido. Además, fuentes sindicales comentan que otro juicio al que se deberán enfrentar los responsables de Alcor Seguridad en los próximos meses será por la no subrogación de una veintena de trabajadores que llevaban a cabo tareas de vigilancia con la anterior concesionaria (Seguridad Integral Canaria) y que no fueron asumidos por Alcor. Desde el CSIF explican que, a raíz de la mencionada medida, la actual empresa adjudicataria contrató a una veintena de empleados, que no están sujetos al convenio nacional de seguridad privada, sino al convenio de la propia empresa. Según una de las fuentes consultadas, esos 20 empleados cobran, de media, unos 400 euros menos que el resto de la plantilla cada mes. Esa veintena de trabajadores supone el 36 por ciento del total del personal de seguridad privada en Valle Tabares.