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Valido dice que Canarias es la quinta región a la que más cara le sale la dependencia

Santa Cruz de Tenerife, EFE
24/ene/19 13:25 PM
eldia.es
Ramón de la Rocha (EFE)

Santa Cruz de Tenerife, EFE La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha afirmado este jueves que Canarias es la quinta región "a la que más cara le sale" la atención a la dependencia, pues el 86,70 de la partida destinada a este área procede de Gobierno regional y cabildos.

Este dato lo ha expuesto hoy la consejera en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la gestión en políticas de atención a la dependencia, sobre lo que ha aseverado que los datos son "tozudos" y objetivamente niegan el retroceso en este servicio que achacan a Valido "muchos grupos en la oposición".

La consejera, que recordó que su balance afecta a los dos últimos años de legislatura -ya que los dos primeros la gestión correspondió al PSC-, aseguró que la dependencia siempre ha sido la diana de la guerra política y el objetivo principal de la oposición, y aseveró que por el contrario, después de años de "práctica paralización" se empiezan "a recuperar cifras".

La atención a la dependencia ha estado en el centro del debate político "no siempre de manera acertada" y uno de los "latiguillos" respecto al retroceso en este ámbito que a su juicio desmienten las cifras es que su departamento gestiona en 2018 un total de 203.247.834 euros para este servicio, frente a los 200.486.211 euros de hace dos años.

Los que hablan de retroceso "se esconden" detrás de los datos netos, esto es, la alusión a cifras como las de que en 2017 hubo 30.638 personas con derecho reconocido a la prestación frente a las 30.594 del año pasado, un descenso que la consejera indicó que es inevitable pues se debe al aumento de fallecimientos.

Valido aludió a datos como los de altas brutas en el sistema, que el año fueron 4.914 frente a 4.549 en 2016; 5.009 reconocimientos de grado frente a 4.957 en las dos fechas citada y un incremento en un 70 por ciento de personas con prestación, frente al 54,7 por ciento hace dos años.

Para el abono de nóminas de prestaciones se destinaron el año pasado 51.822.382 euros frente a los 39.522.000 de 2016 y para costear las plazas en convenio con los cabildos se invirtieron 104.942.558 euros, mientras que hace dos años esta cantidad fue de 80.282.604 euros, unas cifras "a años luz" de épocas pasadas.

"Sólo hay que hacer cuentas para ver cómo hay muchas más personas atendidas", manifestó la consejera , quien no obstante admitió que falta personal para gestionar este asunto y por ello "los planes de choque nos han ayudado a mantener el tipo", al tiempo que confió que en breve la mesa técnica creada al efecto presente un borrador del decreto que ayudará a agilizar los trámites de dependencia.

Además expuso que el año pasado se registraron 48.834 reconocimientos de solicitudes, frente a 42.836 en 2016; 35.850 resoluciones frente a 34.919 y 12.984 personas esperaban la resolución en 2018, frente a 7.917 hace dos años.

En espera del Programa Individual de Atención había 8.956 personas el año pasado frente a 12.888 en 2016, y la consejera aseguró al respecto que en este apartado muchos solicitantes rechazan la prestación que ofrece el Gobierno porque lo que realmente necesitan es una plaza en un centro.

También se ha realizado "una enorme inversión" que ronda los 160 millones de euros en nuevas infraestructuras para "sentar los pilares" y que haya centros en todas las islas que ayuden a disminuir la lista de espera, sobre lo que añadió Valido que se prevé edificar 5.886 plazas nuevas que se sumarán a las 10.647 actuales.

Pero para Valido el dato "indiscutible" es el de "cuánto cuesta la dependencia" y "cuánto pone el Gobierno" y al respecto indicó que la Comunidad Autónoma financia el 82,90 por ciento del coste de los dependientes frente al 17,10 que adjudica el Estado.

El porcentaje autonómico asciende al 86,70 si se añade la partida que al mismo fin destinan los cabildos y la consejera subrayó que estos datos evidencian el esfuerzo regional por sufragar una ley estatal a la que el Gobierno central se comprometió en cofinanciar sin que nunca cumpliese con ello.

"Estos datos certifican que en los últimos tres años se han dado pasos para que el sistema arranque definitivamente y en condiciones", destacó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.