El pleno del próximo 13 de marzo aprobará la nueva ley de cámaras de comercio de Canarias, que pasará a la comisión de Industria y Comercio el 26 de febrero. Así lo han acordado los grupos, que ayer asistieron en el Parlamento a una nueva ponencia para perfilar la norma, que se han citado para una más a mediados de febrero y que dan por hecha la aprobación de la ley, si bien falta por saber si saldrá por unanimidad, por amplio consenso o por mayoría suficiente.

En principio, el gran obstáculo para el acuerdo global o amplio es la fórmula para financiar a las cámaras. Según explica el diputado del PSOE Gustavo Matos, su partido y otras formaciones de izquierda discrepan de la preferencia de CC, PP y ASG de dejar que sean estas propias organizaciones empresariales las que decidan cómo repartirse las aportaciones públicas, mientras que la izquierda opta por una regulación previa más clara, por provincias y en función del número de empresas adheridas a cada una.

Matos ve difícil el acuerdo en este ámbito, aunque no en otras partes de la ley. Eso sí, da por hecho que los partidos que han sostenido en cuestiones claves al Gobierno, como los presupuestos, mantendrán su fórmula y, por tanto, la ley se aprobará en el pleno de mediados de marzo, el penúltimo.

Podemos, según explica Concepción Monzón, apuesta por tener muy en cuenta los planes camerales para decidir la financiación, así como el mayor coste que tienen en las islas no capitalinas. Eso sí, y aunque confía en hacer una enmienda común con el PSOE y NC en este sentido, teme que prime lo que entiende como un preacuerdo entre CC, PP y ASG.

Más abierta y optimista respecto a un pacto amplio se muestra Socorro Beato (CC). Aunque admite que mantienen esa diferencia relevante sobre la financiación, no descarta aún alcanzar un consenso con todas las fuerzas, tal y como están logrando con otros artículos y puntos de la nueva normativa. De hecho, subraya que están siguiendo la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas por las distintas cámaras de las Islas al texto inicial, aprobado por el Consejo de Gobierno en abril de 2018. Por eso, y en tal caso, espera que el consenso sea amplísimo sobre buena parte del articulado, aunque puedan llegar vivas a la comisión y pleno alguna enmienda sobre, princilmente, la financiación.

Entre otros objetivos, con la nueva ley se pretende adaptar la normativa canaria a la legislación básica del Estado y regular las elecciones para la renovación de los plenos de las cámaras isleñas. Asimismo, se busca que estas instituciones participen de pleno en la internacionalización de la economía canaria en plena globalización, aparte de mantener sus acciones de fomento empresarial y de empleo, con programas de tutorización y apoyo a comercios o pymes nueva creación, que el año pasado gestionaron hasta 2,3 millones de euros regionales.