El vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, desveló en el pleno de ayer que la Dirección General de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) ha emitido un informe desfavorable respecto a la adscripción del dominio marítimo y terrestre del puerto de Fonsalía, en Guía de Isora. En una comparecencia solicitada por Casimiro Curbelo (ASG), el consejero de Puertos anunció que su área elabora un contrainforme para subsanar la situación y que no se bloquee o retrase más un proyecto por el que se espera desde hace 23 años y que, solo con la discrepancia de Podemos, los grupos asumen como imprescindible para mejorar las conexiones con las Islas Verdes, para la logística y para dinamizar el Sur tinerfeño.
Rodríguez le aclaró a Luz Reverón (PP) que al puerto no le falta ningún informe medioambiental y que, de hecho, se cuenta con toda la documentación necesaria, que se incluyó en 2006 en la eje transinsular, que se cree de interés público y que no servirá solo para descongestionar Los Cristianos.
Rodríguez también se mostró abierto a sentarse con Fomento o con Puertos del Estado si la preferencia ahora es que sea financiado y ejecutado por el Gobierno central, ya que, según recalcó, lo relevante es que se cree. Además, lamentó que Costas solo haya respondido a finales de 2018, cuatro años después de las peticiones. Según reconoce, el informe desfavorable les ha desconcertado, pues pone en entredicho cuestiones ya acordadas por técnicos y distintas administraciones, con lo que "nos coloca en la casilla de salida".
Curbelo también lamenta que se vaya en contra de acuerdos, sobre todo entre técnicos, censura los cambios de PP y PSOE cuando alcanzan el poder central y critica el rechazo de Podemos a un equipamiento que cree clave para las Islas Verdes y que no puede ser sustituido por una mejora de las conexiones terrestres de Los Cristianos o con no coincidir en las salidas las dos navieras, ya que se trata de mayor demanda marítima.
Desde NC, Esther González considera que el Gobierno isleño y, en especial, Rodríguez solo hacen discursos, y más con una obra con 23 años de espera. Paco Déniz (Podemos) se congratuló del informe porque puede impedir que "se destroce más nuestro litoral". A su juicio, no es de interés general porque, al proyectarse, no estaba colapsado el de Los Cristianos y solo obedece a "un pelotazo, a pura especulación urbanística, porque contempla cruceros y 470 atraques deportivos que no benefician a las conexiones". A su vez, censura que el turismo de La Gomera sea en un 80% de un día y no deje dinero.
María T. Cruz critica la falta de hechos de CC, niega que el PSOE haya cambiado y cree que Curbelo, que ayer habló ya en nombre de AST que recoge firmas sobre Fonsalía, solo busca hacer crecer "su garbanzo" electoral en Tenerife.
José Manuel Pitti (CC) tilda de "pretexto simplón" el de Costas y lo concibe como un ataque más del PSOE y de su "socio podemita". Además, alerta de que se inculca ya el Estatuto, pidió un convenio de puertos, censuró el "imperio de las comunidades infractoras" y que el PSC "sea cómplice del cesarismo del Gobierno central".
Aunque lo de Fonsalía tuvo críticas cruzadas, la mayor tensión en la parte matutina del pleno se vivió entre el consejero de Sanidad, José M. Baltar, y Asier Antona (PP). Hasta tal punto que Baltar habló del ataque "con mayor agresividad" que ha sufrido respecto a las listas de espera y las urgencias "colapsadas". Todo se debió a una interpelación que Antona usó para censurarle que solo recurra a "grandes titulares y montajes, pero sin filtrar los datos de la reciente auditoría de las universidades que no les interesa". Usando también informes del Ministerio, SCS y sobre regiones, le afeó que, pese a que Canarias gasta en sanidad 1.268 euros por ciudadano y Madrid, 1.215, aquí se espere más de 6 meses por operación y, allá, uno y medio, y lo mismo con las especialidades (4 y 1). También censuró el problema con pacientes sociosanitarios que ocupan hospitales o que se oculte que en las listas no se incluye a los que no tienen fecha o que salen aquellos a los que se les cancela o la anulan justificadamente. Además, no entiende los desfases entre hospitales, que la auditoría diga que hay datos no fiables o que no existen criterios homogéneos, que no se prioricen las operaciones más complejas y, en definitiva, que se maquille o falseen las listas.
Baltar negó que filtrara nada, criticó a Antona por no asistir a comisiones de Sanidad y usar el argumentario de la asociación en defensa de la sanidad pública que censura al consejero madrileño. Según recalcó, y en contraste con las subidas con el PP, en sus 2 años han bajado las listas, aparte de diversas mejoras, como la incorporación de 236 electrocardiólogos. Además, y en respuesta al PSOE, remarcó que publicar las listas cada mes y no cada 6 meses no implica mejorar los resultados. Por la tarde, la situación de las urgencias (que el PSC tilda de "fracaso histórico, como histórico es el presupuesto en sanidad) copó buena parte del pleno.