La directora general de Centros de Infraestructura Educativa, Ana Dorta, ha presentado este jueves a la Comisión de Educación de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) el Plan Canario de Infraestructura Educativa 2018-2025, documento que contempla más de 140 obras de construcción, renovación o sustitución, de tal manera que habrá 23.000 plazas de nueva creación, con una inversión de 420 millones.

Dorta explicó que esa cantidad se destinará a la construcción de nuevos centros educativos, a los que hay que añadir 88 millones de euros más que no están nominados en el Plan, que se destinarán a obras de rehabilitación, ampliación y mejora de menor envergadura, tales como mejoras de accesibilidad, obras relacionadas con la seguridad o para dar respuesta a servicios complementarios como comedores escolares, reposición de aulas modulares o sustitución de amianto, entre otros.

La directora general resaltó que "se trata de una plan ambicioso con el que se pretende ampliar la oferta educativa en el archipiélago, tanto de la enseñanza obligatoria como de la no obligatoria, por lo que no sólo abarca los Centros de Educación Infantil y Primaria y los Institutos de Enseñanza Secundaria, sino también los Centros Integrados de Formación Profesional, las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como centros polivalentes ubicados en algunas zonas que dan respuesta, por ejemplo, a la Enseñanza de Personas Adultas, las Enseñanzas de Régimen Especial o, también, los Centros de Educación Obligatoria (CEOS)".

Sin embargo, advirtió Dorta, "este plan está supeditado a una ficha financiera que no sólo depende de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, sino de que el Gobierno estatal incluya en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 los 42 millones de euros acordados para el Plan de Infraestructura de Canarias".

Lo cierto es, subrayó, "que a día de hoy sigue sin firmarse el convenio plurianual y, de hecho, en el borrador del Proyecto de Ley no hay ni un sólo euro destinado a este fin".

No obstante, destacó, "desde el Gobierno de Canarias confiamos en que finalmente el Gobierno del Estado lo reconsidere e incluya en la aprobación final de sus presupuestos esta partida necesaria para dar respuesta a las necesidades del Plan de Infraestructura Educativa de Canarias".

Asimismo, la responsable autonómica remarcó la necesidad de "flexibilizar la regla del gasto y se permita que las Comunidades Autónomas que hayan cumplido con los requisitos establecidos, como es el caso de Canarias, puedan invertir su superávit en Políticas Sociales como Educación, Sanidad o Asuntos Sociales".

NO ES UN DOCUMENTO CERRADO

Ana Dorta señaló, además, que este Plan, que ya sido remitido al Consejo Escolar de Canarias y que fue presentado por la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, en el Parlamento autonómico, "no es un documento cerrado sino un plan flexible que está abierto a las sugerencias de los diferentes municipios que se ajusten a los criterios establecidos".

Los criterios empleados para determinar dónde son necesarias las obras se basan en la población; los flujos migratorios; la orografía; el estado de los centros actuales y la normativa de escolarización.

El Plan también recoge los principales datos de evolución del alumnado, tanto históricos como de los de cursos más recientes, así como otras informaciones de interés.

En Canarias hay más de 350 centros públicos con más de 40 años y se mantiene la necesidad de incrementar plazas en el sur de Tenerife, Gran Canaria y en toda Fuerteventura y Lanzarote, fundamentalmente, ya que entre 1990 y 2008 se produjo un incremento de población superior al 30% que hizo insuficientes todas las obras.

Aunque en la última década se ha observado un descenso de alumnado a raíz de la crisis, parece comenzar a recuperarse con el incremento de alumnado en el primer curso de Infantil de los dos últimos cursos, en unos 700 alumnos y alumnas.