El sindicato de profesores STEC anunció ayer la celebración hoy, día 7, de una comisión técnica de negociación sobre los borradores de oposiciones 2019 para los cuerpos de maestros y de inspectores. El STEC trasladará en ese marco a la administración las aportaciones de sus afiliados, así como en la Mesa Sectorial que posteriormente se deberá convocar para cerrar la convocatoria de oposiciones.

Las plazas previstas en 2019 son 1.200 (más 10 del Cuerpo de Inspectores) con el siguiente desglose: Educación Infantil, 169; Inglés, 283; Francés, 50; Educación Física, 130; Música, 65; Pedagogía Terapéutica, 185; Audición y Lenguaje, 35, y Educación Primaria, 283.

La Mesa Sectorial de Educación estableció a finales del año pasado el acuerdo entre la administración y la representación sindical para que el próximo procedimiento selectivo se celebre entre finales de junio o principios de julio de 2019.

Con el acuerdo de todos los sindicatos, se convocarán las especialidades relacionadas, a excepción de Alemán, porque carece de temario para poder realizar un procedimiento selectivo.

Además se planteó la posibilidad de garantizar también un cupo para futuras convocatorias. Durante los dos últimos ejercicios, la situación de incertidumbre en la aprobación de los PGE ha imposibilitado la reposición del profesorado que se jubila o da de baja del sistema público. De ahí que el acuerdo incorpora otras 372 plazas, pendientes de otros años, a convocar en el futuro.

El STEC y las agresiones

El pasado lunes se desarrolló una Mesa Técnica sobre el borrador de la Orden que regulará la asistencia jurídica y psicológica al profesorado agredido. El STEC-IC resumió su participación en el foro a través de un comunicado. Asegura haber demandado "responsabilidad para no crear alarmismos, que en ocasiones dificultan la resolución de los casos, cuando no generan mimetismos". Demandó "celeridad en el contacto con el agredido, así como la asistencia psicológica y jurídica gratuita y realizada por profesionales desde el punto de vista jurídico y psicológico". Además de "ampliar la actuación en caso de daños a propiedades y patrimonio" o "aumentar los educadores sociales, ya que los 36 actuales para toda Canarias son muy pocos". También insistieron en "el papel de la administración cuando se detectan insultos o menosprecios a docentes en redes sociales" y, por último, en "facilitar el contacto del agredido con la administración, para lo que sería muy útil una guía".