El sindicato USO ha reclamado este jueves al Gobierno de Canarias que rescinda sus contratos con Seguridad Integral Canaria (SIC), empresa que afirma sigue operando por "connivencia o incapacidad de la Administración".
A juicio de USO, el Gobierno canario está posibilitando que sigan prestando servicios públicos empresas como SIC y otras que "incumplen claramente con las condiciones laborales y económicas de sus trabajadores".
Este sindicato acusa además al Ejecutivo regional, de Coalición Canaria, de permitir que SIC trate de "perpetuarse en un servicio público", la vigilancia de dependencias del Área de Salud de Gran Canaria, dependiente de la Consejería de Sanidad.
USO sostiene que Seguridad Integral aplica "una técnica mafiosa" para impedir "de manera irregular y torticera el que cualquier otra empresa de la competencia pueda presentarse a la licitación del servicio", al hacer gestiones para adaptar a sus intereses las condiciones fijadas en su concurso de adjudicación.
Desde ese planteamiento, USO reclama también al Gobierno de Canarias que "publique de nuevo los concursos, con unos criterios claros y no abusivos que permitan acceder a todas las empresas del sector".