El Parlamento canario está viviendo unos últimos meses de legislatura casi extenuantes para algunos diputados por la acumulación de leyes que se quiere aprobar antes de finales de marzo, cuando acaban las sesiones plenarias. No obstante, hay una que destaca sobremanera por su relevancia, porque se lleva esperando por ella décadas (la vigente es de 1987) y porque se ha retrasado en exceso con un claro riesgo de quedarse para el próximo mandato, lo que ha intensificado al máximo las ponencias. De hecho, no hay casi precedentes de una cifra tan elevada en tan poco tiempo, y menos de esta complejidad, aunque la meta parece que se va a alcanzar y, por lo que indican diversos grupos, todo apunta a una ley que se aprobará en el último pleno posible y por una amplísima mayoría.

Así lo prevé, al menos, la diputada socialista María Teresa Cruz Oval, quien subraya el esfuerzo que están haciendo todos los grupos en jornadas muy intensas de trabajo para perfilar el centenar de artículos de la nueva ley. Aunque reconoce que su partido aún tiene dudas sobre el modelo de financiación recogido en el texto, de manera que quede claro cómo se costearán los servicios, las obligaciones y responsabilidades de las distintas administraciones y entidades privadas, asegura que han avanzado mucho en la última semana y que el PSOE acabará aprobando la ley sin duda.

Pese a que ha presentado enmiendas a todos los artículos previstos, según recalca desde hace semanas Josefa Luzardo, el apoyo del PP también parece casi asegurado, sobre todo si se atienden a algunas de sus peticiones claves. Lo contrario no lo contemplan en CC y el propio PSOE lo ve muy difícil por el alineamiento de los populares con las principales leyes e iniciativas del Gobierno regional, principalmente desde que se rompió el pacto entre nacionalistas y socialistas.

El apoyo de ASG también se da por hecho, con algunas enmiendas genéricas y otras para las islas menores, mientras que la unanimidad dependerá del grado de satisfacción de NC y, sobre todo, de Podemos, respecto al texto final.

A priori, lo más probable es que queden algunas enmiendas vivas para la comisión y el pleno en el que se apruebe la norma, si bien gran parte del contenido sí que se consensuará antes y saldrá por unanimidad, según Oval y otras fuentes consultadas.

Desde CC, está llevando el peso de la negociación Elena Luis, quien prefiere seguir sin pronunciarse sobre el grado de acuerdo o los flecos pendientes, aunque en su grupo son bastante optimistas. De momento, los nacionalistas creen muy positivo que haya acuerdo suficiente para que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) pierda el tope máximo de 24 meses en aquellos casos en los que las circunstancias de necesidad se mantienen. Eso sí, con el compromiso de que habrá un periodo transitorio hasta hacer realidad la renta ciudadana incluida en el nuevo Estatuto regional, que es una de las principales reivindicaciones de Podemos, según María del Río Sánchez.

La última ponencia se celebró el pasado jueves y, según Oval, siguen atascados un poco con la financiación, pero se ha avanzado tanto desde enero que hoy, día en que tiene lugar otra reunión a puerta cerrada, se esperan acuerdos relevantes y casi definitivos.

La ley, entre otras muchas cosas y según subraya la consejera del área, Cristina Valido, trata de poner al día un ámbito social que ha variado mucho respecto a 1987 en los hábitos, servicios, derechos y hasta en las necesidades y prioridades por el envejecimiento poblacional. Además, se quiere mejorar al máximo la parte profesional.