El mercado del alquiler de vivienda en Canarias atraviesa una situación de "desmadre" y el Gobierno regional está en condiciones de dar ayudas para unas 6.000 familias, aunque las solicitudes en este campo ya superan las 17.000, ha afirmado este miércoles la consejera Cristina Valido.
La titular de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha realizado esta consideración en comparecencia parlamentaria sobre la subida del precio de la vivienda usada solicitada por la portavoz de Podemos, Noemí Santana, quien aseguró al respecto que el archipiélago vive "una crisis de emergencia habitacional".
Para la consejera Cristina Valido, hay una posición bastante clara por parte del poder judicial en cuanto a que no se puede intervenir en el mercado ni coartar la libertad del propietario privado, por lo que las administraciones no pueden interferir en el proceso de especulación y compra de viviendas para el alquiler residencial o vacacional.
Añadió Valido que aún está por debajo de la media nacional el metro cuadrado construido en Canarias, cuyo precio es de 1.488 euros frente a 1.733 en el resto del Estado.
Pero con este incremento de precios casi cada trimestre "llegaremos a ese precio en no mucho tiempo", auguró la consejera.
Sin embargo ya se ha aprobado el borrador del nuevo Plan de Vivienda de Canarias que entre otras medidas, pretende recuperar las políticas de apoyo al alquiler y aumentar el parque público de vivienda, para lo que establecerá ayudas para que los promotores puedan edificar construcciones a precios asequibles.
También se propone un Observatorio Canario de la Vivienda y cofinanciar la construcción con otras instituciones públicas, como cabildos y ayuntamientos, en zonas "que puedan parecer no atractivas para el mercado privado".
Noemí Santana, de Podemos, opinó que las medidas del Gobierno regional son "la pescadilla que se muerde la cola" porque en la última convocatoria de ayudas al alquiler sólo se beneficiaron 1.500 personas de entre 10.000 solicitudes, y esta situación se agravará al decidir la Consejería que la convocatoria pase a ser bianual.
La consejera replicó que precisamente la demanda es tal que la convocatoria será bianual porque se solapan las solicitudes de las diferentes ediciones y añadió que con el mismo personal se está en condiciones de ayudar a unas 6.000 familias pese a que hay 17.000 solicitudes más.
Valido confió en que en marzo o abril se publique el listado provisional de beneficiarios para que se pueda subsanar documentación y posteriormente se resolverá la ayuda definitiva.
Por el grupo Socialista Teresa Cruz reprochó a la consejera que para ella "el problema lo ha generado siempre otro y no vale el tú más", pues Valido lleva dos años al frente de la Consejería, y consideró que para el Gobierno regional la vivienda no tiene una función social, sino que es un elemento más de la economía.
Luis Campos, de Nueva Canarias, opinó que un plan canario de vivienda no va a ser la solución a todos los problemas "pero los encauzará", al tiempo que reprochó al Ejecutivo autonómico que cuando recibió fondos "millonarios" para invertir en servicios públicos optó por crear "un Fdcan".
Por el grupo Mixto el diputado Jesús Ramos indicó que el alza de los precios de la vivienda normalmente va asociada a una buena actividad económica en la región pero lo cierto es que "se está quedando gente atrás", por lo que es esencial disponer de suelo para promover nuevas construcciones ya que la finalidad debe ser el alquiler social.
También señaló que en Canarias hay unas 20.000 viviendas para un censo de demandantes que ronda las 13.400 personas.
El PP denuncia fraude en la vivienda social
El diputado popular José Tomás Estalella ha advertido este miércoles de que hay fraude entre los adjudicatarios de viviendas de protección oficial, mientras que la consejera Cristina Valido pidió no generalizar pero admitió que se ha empezado a "depurar" y habrá "análisis exhaustivos".
El presunto fraude en este ámbito ha salido a relucir en comisión parlamentaria después de que el parlamentario José Tomás Estalella afirmase que hay que quitarse "la venda de los ojos" y aseguró que le quedan dos meses en el Parlamento "y voy a decir las cosas como son".
En su opinión hay "gente" que entra en las viviendas de protección oficial y cambia las condiciones, se las dejan a un familiar y se van a vivir de alquiler a otro lado.
"Hay fraude y nadie le mete mano a esto: hay unas 20.000 viviendas protegidas y muchas no están en manos de los adjudicatarios", subrayó el diputado popular.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda aseveró que no va a negar que haya fraude pero pidió no generalizar "y dibujar ese escenario" sobre los ocupantes de viviendas protegidas, de forma que se "señale" a un colectivo de 20.000 familias cuya mayor parte están ahí "con absoluto derecho".
La Consejería "está empezando a depurar en pequeños grupos", continuó Valido, quien dijo además que en el futuro plan canario de vivienda habrá medidas para el análisis exhaustivo de "la ocupación" y así obtener datos "más ciertos de ese fraude, donde está y cuánto es".
Pero ahora, insistió Valido, por prudencia no hay que pintar un panorama que generalice y señale a familias que están en situación precaria.