El consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, aseguró ayer, durante la comisión de su área y en una comparecencia solicitada por Podemos, que pretende legar un marco laboral para los funcionarios y trabajadores de la Comunidad que trascienda las coyunturas políticas y gobiernos de turno, aunque no convenció a buena parte de los grupos, especialmente a Podemos, PSOE y NC.
Barragán detalló por primera vez el acuerdo del Gobierno del pasado 9 de julio, alcanzado previamente con parte de la representación sindical, sobre directrices generales en materia de gestión de recursos humanos. Un pacto que, para la izquierda, flaquea porque no incluye, ni mucho menos, a toda la representación laboral y que tampoco aporta garantías sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en cada uno de los departamentos o servicios.
Este acuerdo surge por la mejora del marco económico general y deroga el vigente desde febrero de 2006 sobre recursos humanos, muy marcado por la crisis y los recortes. Barragán ha incluido un marco introductorio para saber de dónde se parte y cuáles son los objetivos con las distintas RPT. También se incorporan informes para dar mayor fiabilidad procedimental, garantías sobre la negociación colectiva y rigor con la publicidad, libre concurrencia e igualdad. También se apuesta por la especialización de los puestos, se mejoran los complementos y se permite a los departamentos usar todos los niveles de destinos.
No obstante, es consciente de que se trata de "medidas de choque y coyunturales", por lo que apuesta por bosquejar, en "la estrategia de gobierno abierto", cuál debe ser el papel del empleado público. Para ello, trabaja en un borrador que pretende presentar a las centrales sindicales y resto de partidos con el fin de que esto trascienda a qué partido gobierne, de forma que se mantenga la estructura. Eso sí, subraya que ningún sindicato le ha dicho que el acuerdo es peor que el de 2006.
Por Podemos, Concepción Monzón insistió en la necesidad de un acuerdo mucho más amplio, concreto y consensuado con todos los representantes laborales, ya que, según dijo, la mayoría de sindicatos se han levantado de la negociación de las RPT por discrepar. Además, censura que lo que se refleja en papel no se cumple en muchas ocasiones, con trabajadores con funciones distintas a las que deberían, con puestos no definidos (jefaturas de áreas o coordinadores) o con muchas vacantes sin cubrir.
En este sentido, critica que Empleo, con la situación de paro existente, tenga más un 36% de las plazas sin cubrir, si bien es mayor en Política Territorial y Seguridad (52,2%). El Instituto de Estadística alcanza el 35%, un 34 se da en Obras Públicas, otro 35 en la Agencia del Medio (35), un 37,3 en el Instituto de Investigaciones Agrarias y un 40,25 en el de Vivienda.
Esther González (NC) se quejó de no poder encontrar el acuerdo del 9 de julio, lo que entiende como falta de transparencia, aparte de que no cree que hubiera una negociación real. También considera que la realidad dista mucho de lo previsto, con puestos no identificados o complementos superiores a algunos jefes. Ventura del Carmen Rodríguez (PSOE) coincide en que se trata de un acuerdo "de parte" y que falta el importante, el que incluya a todos los trabajadores, algo para lo que no cree que quede tiempo antes de mayo.