La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias entregó ayer el nuevo decreto del alquiler vacacional a los cabildos y ayuntamientos, representados por la Fecam y la Fecai, con el objetivo de que estas administraciones puedan estudiar la normativa.

Las modificaciones introducidas en la nueva norma -cuyo primer borrador fue presentado hace un año- responden a la necesidad de adaptarla a las recientes sentencias del Tribunal Supremo que anulan algunos de los aspectos centrales del decreto aprobado por el Ejecutivo en el tramo final de la anterior legislatura, en especial la prohibición de la actividad en zonas turísticas.

"El objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para que las administraciones locales puedan evitar distorsiones en el mercado del alquiler en sus islas y municipios", explicó el consejero de Turismo, Isaac Castellano, a través de un comunicado, del que se desprende que, con la nueva normativa, el Gobierno pretende poner el acento en garantizar el derecho a la vivienda y la convivencia con los residentes, dando un papel esencial a los cabildos y ayuntamientos.

"La voluntad del Gobierno es garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, sin por ello demonizar el alquiler vacacional, que se ha comprobado que es un sector que, cuando cumple los requisitos legales y de calidad, impulsa la recaudación de impuestos y la contratación laboral", añadió Castellano.

Entre las novedades figura que las plataformas digitales tendrán que hacerse responsables de la veracidad de la información que ofrecen y no ceder su espacio a viviendas que no cumplan los requisitos legales y de calidad.

También recoge que hasta que no se adapten los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, se podrán aprobar ordenanzas insulares y municipales que regulen estos aspectos de la implantación de esta modalidad alojativa.

La norma establece principios rectores para los instrumentos de planeamiento basados en cuatro pilares: desarrollar nuevas tipologías de alojamiento turístico para incrementar la calidad y competitividad del destino; armonizar la expansión de esta oferta con el desarrollo del resto de los sectores económicos, con la consecución de "un equilibrio social que satisfaga las necesidades de residentes y turistas"; compatibilizar el uso de vivienda vacacional con la protección del medio ambiente; y respetar la proporcionalidad y "el carácter no absoluto" en la implantación del uso de vivienda vacacional "para que contribuya a asegurar la calidad de vida de la población residente, su bienestar social y la conservación de los signos de identidad cultural".

El decreto propone parámetros que pueden ser utilizados en la planificación insular para fijar estándares territoriales, como la superficie relativa de suelo destinado a uso turístico y residencial, la suficiencia de las infraestructuras, la distribución equilibrada de los usos, el impacto en los equipamientos, las densidades de población y las ratios de vivienda pública.

También es novedad la prohibición de alquilar las viviendas protegidas y el refuerzo de los requisitos generales para poder destinar una residencia a este uso. Además, se exige a las plataformas la publicación del número de inscripción en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma y se establece la obligación de poner a disposición de la comunidad de propietarios un número de teléfono de atención en horario de 24 horas.