Como anunció la semana pasada, el Gobierno canario presentó el pasado miércoles, por medio de la consejería de Obras y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, un incidente de ejecución de la sentencia del convenio de carreteras por los incumplimientos del Gobierno del PP de 2012 a 2017. La portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, detalló ayer la decisión y explicó que, lejos ya de los 949 millones acumulados por los intereses (habían subido en 4 millones porque cada mes suponen 1,2), la cifra global que reclaman ahora es de 991 porque, en esta ocasión, sí incluyen los intereses de los 400 millones de euros que en su momento adelantó la consejería de Obras a la espera de que llegaran las partidas.
Por deferencia en un intento de solucionar el problema por las buenas, Canarias no había incluido esos intereses, pero Dávila recalcó ayer que el fallo no alude en ningún momento a que ese dinero adelantado puede restarse, por lo que los intereses acumulados hasta el pasado 31 de enero ascienden a 126,9 millones.
No obstante, la consejera de Hacienda aclaró que siguen abiertos a un acuerdo, aunque el desencuentro con el Ejecutivo central les ha obligado a pedir esta ejecución de sentencia por una cifra más que relevante. Una cantidad que debe destinarse, según remarcó, a mejorar la movilidad y la conectividad, y no a deuda u otras partidas. Además, volvió a desmentir lo dicho por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre que Canarias había renunciado a parte del fallo con la adenda de 2017, toda vez que las sentencias fueron posteriores.
De hecho, no firmaron los 601 millones que les ofreció el Gobierno central en diciembre pasado, justo cuando se firmó el nuevo convenio por 1.200 millones (el 22 de diciembre) porque reclamaban toda la cifra y temían que, así, sí se entendiese que renunciaban a una parte importante, ya casi de 400 millones.
La consejera recordó, al final de su comparecencia tras el consejo de gobierno de ayer, que estos fallos se refieren a los años 2012, 2013 y 2014, pero que el propio Tribunal Supremo dejó de seguir con las sentencias al entender que se habían repetido los incumplimientos del Gobierno del PP hasta finales de 2016, que los populares siempre han justificado por los recortes a los que se vieron supuestamente obligados.
En ese periodo, lo que debió llegar eran 805 millones, pero solo se recibieron 325,3. Esto ha generado, entre otras cosas, que haya obras en ejecución en estos momentos para los que aún faltan 100,5 millones. Es el caso, por ejemplo, de la de Pagador-Guía y la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. También la parte entre La Caldereta y Corralejo, del eje insular de Fuerteventura, así como el tramo Costa Calma-Pecenescal. Siguen ejecutándose la segunda fase de Tres de Mayo-Guajara, el tramo San Simón-Tajuya y el acceso al puerto de Tazacorte, en La Palma.
Dávila añadió que faltan otras 14 obras, por 606,7 millones, que se incluyeron en el convenio y que ni siquiera han podido ejecutarse por la falta de fondos. En este sentido, lamenta que lo destinado por las arcas regionales saliese de otros departamentos.
Entre los acuerdos del consejo de gobierno de ayer se incluyó también el empleo de 2,8 millones de euros para la redacción y aprobación de planes hidrológicos del tercer ciclo (de 2021 a 2025), aunque siempre junto a los cabildos insulares. Dávila remarcó ayer que, con esta medida, el Archipiélago alcanzará el ritmo de planificación y gestión de los recursos hidrológicos. Para ello, se utiliza la figura de la encomienda a la empresa Tragsatec por tres años, si bien ampliable otros 12 meses más. El objetivo principal, en un trabajo conjunto de las consejerías de Aguas y Medio Ambiente, pasa por actualizar todas las normativas vigentes, sobre todo en lo relativo a la directiva europea Marco del Agua.
Se reimpulsa así una iniciativa iniciada en 2015 con los documentos de planificación junto con los cabildos; siguió en 2017 con la redacción y aprobación de los planes hidrológicos de segundo ciclo por parte del Ejecutivo autonómico y que en enero pasado culminó con la entrega de esos documentos a la Comisión Europea. A su vez, se ha ido avanzando en la redacción de los proyectos del tercer ciclo, que han sido aprobados por todas las Islas.
La encomienda incluye también evaluaciones intermedias del desarrollo de los planes, impulsar la participación pública y hacer un seguimiento de las aguas subterráneas y costeras de las Islas, entre otras cuestiones. En este marco, además, se firmó el pasado 4 de diciembre el protocolo hidrológico para los próximos 12 años, por 915 millones, de los que emanan tres convenios que, eso sí, aún no se ha firmado, que incluyen 72 obras en todas las Islas y 310 millones.
Un millón para reforzar la dependencia 6 meses
El consejo aprobó ayer destinar un millón de euros en los próximos seis meses para contratar personal que permita mejorar la gestión de la dependencia y la PCI. Con esa partida se reforzarán las plantillas con el fin de agilizar las evaluaciones y resolver los expedientes pendientes en el menor plazo posible. Frente al informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a las Islas a la cola en este ámbito, Dávila defendió la gestión e insistió en que la clave pasa por la financiación, ya que el Estado ni siquiera aporta el 20% de los fondos que se destinan cuando debería llegar al 80%.
Incorporados 12 millones del plan de la pobreza
El Ejecutivo también acordó incorporar al presupuesto de 2019 los 12 millones de euros que, a finales de 2018, recibió del Gobierno central para el plan de lucha contra la pobreza en las Islas. Esta partida, en realidad, debía ser de 30 millones, pero aún quedan pendientes los 18 restantes de 2018. Para 2019, no se incorporó nada, pero, con el rechazo al proyecto económico y la prórroga de las cuentas del ejercicio previo, deberán incorporarse 30.
Fondo canario de financiación municipal
El consejo emitió ayer un informe favorable al cambio en el fondo canario de financiación municipal, aunque Dávila avisa de que, con la actual redacción, el Ministerio de Hacienda podría interpretar que el dinero que se recibe de esa forma es un superávit, algo que el Ejecutivo rechaza porque considera que deben tener un carácter finalista. La modificación del fondo se efectuará tras una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Canarias con un apoyo unánime.
Ley del Transporte, de Vivienda y energía limpia
Entre las decisiones de ayer, se incluyó también la toma en consideración del cambio en el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, en el que se fija la identificación de los vehículos destinados a arrendamiento con conductor (VTC) con distintivos exteriores. Asimismo, se aprobaron dos parques eólicos de 7 megavatios en La Oliva (Fuerteventura) y un cambio en la ley de Vivienda para que los consistorios puedan acordar transacciones en convenios de cooperación con otras instituciones.