El Govern balear ha encontrado en los dirigentes de las islas francesa de Córcega e italiana de Cerdeña dos aliados fundamentales en su estrategia para conseguir que el archipiélago mediterráneo reciba el mismo trato económico y fiscal de Canarias. Sobre todo en los nacionalistas corsos, cuyas reivindicaciones en materia económica las tendrá muy en cuenta el presidente Emmanuel Macron para no alimentar aún más las aspiraciones soberanistas de Gilles Simeoni. Los tres territorios han consensuado ya un decálogo de exigencias a la Unión Europea (UE) en el que se esfuerzan para equiparar su situación de "perificidad" a la de las regiones ultraperiféricas e incluso zonas en riesgo de despoblación, que son las que pueden recibir ayudas vedadas al resto de regiones europeas. La reclamación conjunta a Bruselas es otro paso más después de que el Govern ya haya alcanzado tres metas: la aprobación de la parte económica del Régimen Especial para Baleares (REB), el compromiso del Gobierno central de pelear para que se aumenten las ayudas al transporte de mercancías y, sobre todo, la aprobación también del anteproyecto de ley con las medidas fiscales. Medidas que el Ejecutivo estatal no puede poner en práctica sin vulnerar la normativa comunitaria -que prohíbe las ayudas de Estado- y que copian las que incluye el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, lo que Bruselas permite por la extrema lejanía de las Islas respecto del territorio continental, sus problemas estructurales, como el alto nivel de desempleo, y un PIB per cápita aún muy lejos de la media europea.

Fue en noviembre de 2016 cuando la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, puso los cimientos de la alianza de los tres territorios insulares del Mediterráneo. Con la vista puesta en las negociaciones de las que saldrá la política de cohesión comunitaria para el período 2021-2027 -las directrices que regirán el reparto de los fondos comunitarios-, Armengol estrechaba la mano del presidente de Cerdeña, Francesco Pigliaru, y de su homólogo del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni. Se constituía así una "plataforma de trabajo conjunta" con un claro objetivo: "Defender una postura común ante la Unión Europea a favor del reconocimiento de la insularidad y de una fiscalidad específica para sus territorios".

La presidenta de la Comunidad Autónoma logró así internacionalizar las exigencias que venía haciendo al Gobierno central. Exigencias que se resumen en una: Baleares quiere "lo mismo" que Canarias. "A las regiones insulares que no somos ultraperiféricas no se nos dan las mismas condiciones; si nos comparamos con Canarias, es evidente que no recibimos el mismo trato", ha argumentado Armengol en distintas ocasiones. Este argumento no tiene en cuenta, sin embargo, dos hechos que juegan en contra de las pretensiones del Govern. Por un lado, que Baleares está en la lista de las regiones más desarrolladas que elabora la Comisión Europea. Por otro lado, que la futura política de cohesión europea seguirá teniendo como criterio fundamental de reparto del dinero precisamente el PIB per cápita de los distintos territorios. Baleares no solo está muy por encima del 90% de la media de riqueza que marca el límite entre las regiones más y menos desarrolladas del continente, sino que, además, tiene un PIB por habitante que supera en 5.714 euros -un 28% superior- al de Canarias. Esto no ha impedido que Armengol incluso haya dicho que "no es justo" que Baleares no tenga el mismo trato que Canarias.

Esa sensible diferencia entre los dos archipiélagos tampoco ha impedido que primero el PP y ahora el PSOE hayan aceptado la pretensión del Govern de tener los mismos incentivos fiscales que Canarias.

El PP abrió la puerta con el anuncio, que el exministro Cristóbal Montoro aún sostenía en abril del año pasado, de un REB que por primera vez incluiría medidas fiscales, como una reserva para inversiones como la RIC canaria. Pero el proyecto de ley de 2015 no prosperó al convocarse elecciones. Ahora, la coincidencia de siglas políticas -las del PSOE- en Gobierno central y Govern ha hecho posible que la parte económica del REB se haya aprobado por real decreto-ley y que las medidas fiscales ya estén plasmadas en un anteproyecto.

Una de las principales medidas ya comprometidas es el incremento de las ayudas al transporte de mercancías, que el Estado promete pelear en Europa. La idea es que los 200.000 euros en tres años que como máximo puede recibir una empresa no se aplique en Baleares, como ocurre en las RUP. Este será el primer paso de una "larga" batalla en la UE, como ha admitido Armengol, para la que ya tiene el compromiso del Gobierno y la capacidad para hacer ruido de los nacionalistas corsos.