La primera negativa de Bruselas al procedimiento que ha puesto en marcha el Gobierno para que Baleares tenga un fuero como el canario se produjo antes de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado día 22 el real decreto-ley y el anteproyecto de ley que copian el REF.

La Comisión Europea (CE) ya adelantó en noviembre, semanas después de que Fomento anunciase un aumento de las ayudas al transporte de mercancías incompatible con la legislación comunitaria, que no tenía "intención" de modificar la normativa. No obstante, la parte del Régimen Especial para Baleares (REB) que ya está en vigor, es decir, la que desarrolla las medidas económicas y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó en el enésimo real decreto-ley de sus ocho meses de gobierno, incluye el compromiso de pelear en la Unión Europea (UE) para lograr ese aumento de las ayudas al transporte de mercancías.

Este primer paso para colmar las aspiraciones del Govern balear supondría modificar la regulación de las ayudas de Estado. Una modificación que tendría que ser aún más profunda para que el archipiélago mediterráneo pudiera contar con una reserva para inversiones o una deducción a la producción de bienes como las del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, medidas fiscales que el Gobierno anunció y plasmó en el anteproyecto de ley y que, sin embargo, están vedadas incluso en el Tratado de Funcionamiento de la UE.

En septiembre del año pasado, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, se comprometió con el Govern balear a incrementar las ayudas al transporte de mercancías que reciben las empresas del archipiélago mediterráneo. Esto exige que Baleares quede excluida de la norma europea que establece que el máximo que puede recibir una empresa son 200.000 euros en tres años. Hasta ese límite se trata de una ayuda de minimis, compatible con la legislación comunitaria, pero por encima de ese límite sería ya una ayuda de Estado, que están prohibidas porque perjudicarían la libre y justa competencia. Ese primer anuncio del Gobierno central tuvo respuesta en noviembre después de que la europarlamentaria del PP Rosa Estarás preguntara al respecto a la CE.

La comisaria de Competencia de la UE, la danesa Margrethe Vestager, contestó a la eurodiputada del PP que el Ejecutivo comunitario "no tiene la intención de proponer una modificación de la legislación de minimis en el sentido mencionado". Además, la responsable de velar por la libre competencia en el ámbito del Viejo Continente agregó que la CE "no ha recibido notificación alguna" del Gobierno de España "sobre la ayuda estatal propuesta para el transporte de mercancías para las empresas industriales de las Islas Baleares". "La Comisión necesitaría más información sobre un régimen de ayudas de esa naturaleza para formarse una opinión sobre su compatibilidad con la normativa que regula ese tipo de ayudas públicas", concluyó la comisaria.

Las empresas canarias no están sometidas a ese límite de 200.000 euros en tres años porque dada su condición de Región Ultraperiférica (RUP), es decir, por su lejanía respecto del territorio continental, sus problemas estructurales y en definitiva una riqueza sensiblemente por debajo de la media europea, disfruta de exenciones en la normativa de ayudas de Estado.

El obstáculo para Baleares ya no solo está en el hecho de que no tiene el estatus de RUP, sino fundamentalmente en que es una región rica. Un obstáculo incluso más difícil de salvar llegado el momento -si es que llega- de defender la parte fiscal del REB, esa que el Gobierno de Sánchez ha puesto negro sobre blanco en un anteproyecto de ley cuyos detalles no se conocen, pero que copia herramientas fiscales de Canarias, como la reserva para inversiones o la bonificación a la producción de bienes, tal como avanzó el propio Gobierno.

En otras palabras: se intenta crear un fuero para una región que está prácticamente en la media de riqueza europea, calcado al de otra que apenas llega al 75% de la media, decisión que difícilmente consentirá la CE, advierten el experto en Derecho Financiero y Tributario Alberto Génova, el secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández Castro, o el delegado en Gran Canaria de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Miguel Ángel Alonso Paradela.

Sea como sea, el primer no de la CE no ha frenado ni al Govern ni al Gobierno central. La idea es seguir dando batalla hasta doblegar la resistencia de Bruselas, algo que queda de manifiesto en el propio texto del REB. El real decreto-ley con las medidas económicas del fuero balear recoge el "compromiso" del Ejecutivo de Pedro Sánchez -que deberá asumir el Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril- de "promover la modificación" de la normativa sobre las ayudas de minimis, "en el sentido de aumentar el límite de 200.000 euros de ayudas acumuladas por una misma empresa durante un período de tres años para el transporte de mercancías", expone el documento.

El secretario técnico del Colegio de Economistas explicó que aunque el "péndulo" de las ayudas de Estado se ha inclinado cada vez más hacia su prohibición sin excepciones más allá de las evidentes -como las RUP, las zonas empobrecidas o las regiones con muy baja densidad de población-, la estrategia para conseguir un REB como el canario "no es un tema inocente".

Hernández Castro entiende que ambos Gobiernos son conscientes de que la CE no va a consentir ayudas de Estado para una Comunidad Autónoma prácticamente en la media de riqueza. Pero el objetivo, argumenta, es plantar la semilla. De hecho no es la primera vez que territorios insulares han intentado lograr exenciones fiscales y medidas económicas como las que compensan la situación de las RUP.