El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, zanjó ayer la discusión sobre el día de su comparecencia y solicitó dar explicaciones sobre el caso Grúas en el pleno del Parlamento regional del 12 de este mes, antes de declarar ante la jueza de La Laguna, Celia Blanco, el próximo 15, como había pedido la oposición el pasado lunes, salvo la Agrupación Socialista Gomera (ASG), en una solicitud conjunta. El presidente reclamó el viernes que su comparecencia se produjera después de acudir a los juzgados para no interferir en el proceso judicial pero finalmente optó por comparecer antes y evitar que el PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, con mayoría parlamentaria, forzaran su intervención en la Cámara.

Estos grupos pidieron su presencia en el primer pleno que se celebrase, después de haber sido llamado a declarar en calidad de investigado por presuntos delitos de malversación y prevaricación en relación a la concesión de un préstamo a una empresa de grúas cuando era alcalde de La Laguna en 2014.

Clavijo ya compareció en el Parlamento el pasado septiembre después de que la magistrada Celia Blanco remitiera la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha devuelto este procedimiento a La Laguna tras decidir, con el voto contrario de su presidente, Antonio Doreste, que no era competente en el caso, al dejar Clavijo de ser aforado con la aprobación el pasado noviembre del Estatuto de Autonomía de Canarias, que suprime los aforamientos.

Aunque tenga que declarar como investigado, este enmarañado proceso está aún pendiente de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronuncie sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por la defensa del presidente, en un procedimiento donde todavía no hay una resolución en firme sobre el órgano judicial competente para el caso.

El presidente ha defendido ante la ciudadanía y el Parlamento que su actuación fue correcta pues el préstamo evitó que se interrumpiera el servicio de recogida de vehículos en La Laguna y propició que se pagase la nómina de los trabajadores. El dinero se devolvió en tiempo y con intereses y la operación contó con el apoyo unánime de todos los partidos del Ayuntamiento lagunero.

En opinión de Clavijo, todo responde a una operación política de dos grupos de la oposición, Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, que interpusieron la denuncia en abril de 2017, para tratar de mellar su imagen. El presidente se presenta otra vez como candidato a la Presidencia por Coalición Canaria en las elecciones del 26 de mayo.

La Junta de Portavoces decidió ayer convocar un pleno extraordinario para sustanciar las cinco peticiones de comparecencia acumuladas en la mañana del 12 de marzo, mientras que el pleno ordinario previsto para ese día comenzará en la sesión de tarde.

Aún no se ha decidido el procedimiento a seguir ni el tiempo de intervención de cada grupo, pero sí está claro que comenzará hablando el presidente.

El diputado del PSOE, Gustavo Matos, que acudió a la Junta de Portavoces, considera que Canarias está "ante un precedente nuevo con un presidente que ha sido formalmente imputado, y las urnas hablarán". Cree que han pasado muchas cosas desde la anterior comparecencia de Clavijo ante la Cámara, como el hecho de que "CC haya dudado de la Administración de Justicia". Los nacionalistas y el presidente han cuestionado la demora de la Fiscalía Superior de Canarias en este proceso, al esperar a la aprobación del Estatuto de Autonomía para dictaminar que el TSJC no era competente en el procedimiento y obviar un informe anterior del ministerio público en el que no veía indicios de delito en la actuación de Clavijo cuando era alcalde.

Matos ve contradictorio que los abogados de Clavijo estén recurriendo ante el TSJC para que el caso siga en ese tribunal y, por otro lado, el presidente diga que "por fin" lo han llamado a declarar en el juzgado de La Laguna, y advierte que si va al Supremo para determinar de quién es la competencia, "está abocado al fracaso". Noemí Santana, portavoz de Podemos, sí pedirá que dimita o presente una moción de confianza, porque "parece ser que nadie está por la censura". Australia Navarro, portavoz del PP, no pedirá la dimisión porque el código ético de su partido establece que sea cuando se produce la apertura de juicio oral. Afirma que son circunstancias especiales que un presidente esté investigado. Román Rodríguez, portavoz de NC, opina que Clavijo ha rectificado al pedir comparecer el día 12.