Los grupos de CC, PP y ASG han acordado un total de 17 enmiendas a la nueva ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística de las llamadas Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) que se abordarán ahora en ponencia y, en principio, se aprobarán en comisión y en el pleno. Los cambios abordan cuestiones de calado, como que se permitirá que a los hoteles o casas rurales en suelo rústico de hasta 40 plazas no le sean "exigibles los requisitos de integración en el patrimonio histórico de la edificación ni de la limitación de la superficie construible de obra nueva, pudiendo instalarse, incluso, en edificios de nueva construcción".
Así quedaría el apartado 1 del artículo 4 de la nueva norma, mientras que, en la exposición de motivos, se obliga a que "los terrenos correspondientes a la unidad apta para la edificación turística deben ser puestos en explotación agrícola". Con este cambio en el párrafo 14 del apartado segundo se pretende reforzar el objetivo de regenerar suelos degradados y recuperar explotaciones agrarias de las medianías de estas Islas por el proceso de abandono, degradación ambiental e invasión vegetal que se ha dado desde hace décadas, según se apunta en la enmienda.
Para reforzar el tratamiento específico del turismo en estas islas, los partidos acuerdan modificar el apartado 2 del artículo 3, de manera que quede claro que, "en el desarrollo reglamentario de las tipologías de establecimientos contempladas por la legislación sectorial turística, el Gobierno de Canarias podrá establecer modulaciones específicas para las islas comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley, cuando así venga exigido por sus singulares circunstancias".
Sobre el alquiler vacacional, y atendiendo a las recomendaciones del informe del Consejo Consultivo, se añade al artículo 6 una aclaración sobre el principio de unidad de explotación. Así, y mientras el artículo indicaba hasta ahora que caben esta modalidad si se cumple la normativa sectorial que la regula y sin restricciones por la clasificación o calificación del suelo, ahora se aclara que "la implantación en suelo rústico tendrá la consideración de uso ordinario a los efectos del artículo 19.1 y estará sujeta, en todo caso, a las condiciones de implantación del artículo 20 de esta ley y siempre que quede a salvo el principio de unidad de explotación de los establecimientos turísticos".
También se aclara, en la enmienda al apartado segundo del artículo 20, que "la declaración de interés insular será requisito para continuar la tramitación, pero sin condicionar la resolución final que se adopte".
Otro cambio de relevancia es que obliga a que se emita un "informe previo por el órgano de gestión" responsable de "cumplir los requisitos y determinaciones contenidos en los instrumentos de ordenación, planes y normas de los espacios protegidos cuando pretendan aplicarse en estos espacios".
Asimismo, y respecto a las concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre otorgadas antes de que se apruebe esta ley para los puertos deportivos de la comunidad, se indica en la enmienda número 15 que se podrán prorrogar, a petición del titular, por acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios siempre que no haya antes una sanción grave "o se incumplan los plazos en esta disposición".
Estas enmiendas serán rechazadas, con total seguridad, por el PSOE, Podemos y NC, que consideran que esta ley supone un grave riesgo de repetir en estas islas modelos turísticos desarrollistas en otras zonas del Archipiélago.
Esta norma complementa la aprobada sobre Islas Verdes en febrero de 2016 y que, tras ser recurrida por Podemos, respaldó el Tribunal Constitucional en abril del año pasado.
En este caso, a ley sí fue aprobada por el PSOE, aunque hubo tres diputados que rompieron la disciplina de voto (Loly Corujo, Gustavo Matos y Gabriel Corujo). El resto de los partidos que la promovieron siempre han defendido que esta ley, como la subsiguiente respecto a la actividad turística, no supone dar carta blanca a la urbanización en suelo rústico.
Esa tesis fue ratificada por el fallo del Constitucional, ya que, si bien se permiten nuevas iniciativas turísticas en suelo rústico, se recalca que será atendiendo a las características propias del entorno y preservando sus valores ambientales y patrimoniales.
Frente a esta tesis, NC y Podemos siempre han criticado esta norma y, ahora, el rechazo se extiende presumiblemente al PSOE, que ve más peligros en las enmiendas que en el texto inicial sobre actividad turística.