El Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha presentado 19 enmiendas a la nueva ley de Islas Verdes en su faceta de actividad turística para propiciar que la norma permita un mejor desarrollo socioeconómico de La Palma, La Gomera y El Hierro, pero sin riesgos de repetir modelos masificados y poco sostenibles existentes en ciertas zonas de otras islas.
Los socialistas ponen especial énfasis en las condiciones para la calificación de suelo y pretenden cambiar, sobre todo, los instrumentos de planificación singular turística previstos en el artículo 10, aunque saben que tienen pocas opciones de que CC, PP y ASG modifiquen su acuerdo. Para el PSOE, resulta crucial que esa planificación incluya una "justificación detallada del interés insular", así como que quede claro la administración, organismo, entidad, persona física o jurídica que promoverá las casas u hoteles rurales, a los que la norma trata de facilitar su apertura o habilitación.
También piden que se exija la localización de las obras a ejecutar y se delimite el ámbito territorial del proyecto o actuación, así como una descripción detallada de las ordenación y las características técnicas de lo propuesto, como se ejecutará y la duración calculada de los trabajos.
Asimismo, cree que falta alusiones a la incidencia sobre el territorio, las ambientales y los medios de corrección o minimización de esos efectos, así como si lo que se ejecutará tiene asiento en el planeamiento local vigente del municipio o localidades afectadas, sin olvidar la viabilidad económica.
El PSOE también exige una memoria justificativa y garantías del promotor sobre las conexiones a las redes de servicios y comunicaciones, aparte de que acredite la titularidad de derechos subjetivos sobre el 75% del terreno.
Sobre los establecimientos de mediana dimensión, prefiere "el suelo rústico ordinario, el de protección agraria, protección forestal o paisajística" si se permite en ellos el uso turístico. En los asentamientos rústico o rurales, es proclive a permitirlo, salvo que lo prohiba el plan insular.
También ha presentado enmiendas el grupo de Podemos, que en 2016 recurrió la ley de Islas Verdes, si bien fue respaldada. La formación que dirige Noemí Santana ha presentado 10 correcciones, en las que, entre otras cosas, trata de dejar claro que la actividad turística solo se podrá desarrollar siempre que se cumpla con las condiciones "para la respectiva categoría de suelo rústico".
En este sentido, ponen especial énfasis en el artículo 6, que dice que "podrán implantarse establecimientos turísticos de la modalidad de vivienda vacacional, conforme a los términos y condiciones previstos en la normativa sectorial que la regula, sin que le sea de aplicación ninguna restricción por la clasificación o calificación del suelo", tal y como publicó El Día ayer. Para los miembros de Podemos, esto resulta altamente peligrosos porque supone casi dar carta blanca y, por eso, quieren corregir el texto para que se aclare que eso podrá darse "siempre que se cumplan las condiciones establecidas para cada categoría o clase de suelo".
Como el PSOE, también quieren moderar el artículo 10, en el que se indica que "no se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de plazo". Para Podemos, debe matizarse que eso sería así con la excepción de que "se invoque fundadamente la ilegalidad del instrumento que se tramita". A su vez, creen que tampoco debe darse viabilidad "cuando no se emita informe preceptivo en plazo y el órgano ambiental carezca de elementos de juicio suficientes, bien por no haber recibido los informes de las administraciones públicas competentes que resulten relevantes, o bien cuando, habiéndolos recibido, resultasen insuficientes para decidir". En este caso, "se requerirá al órgano superior jerárquico para que emita el informe en diez días".
También plantea que los proyectos de interés insular solo puedan afectar a suelo de protección ambiental "cuando no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de una obra pública". A su vez, "y de forma excepcional y para iniciativas públicas, cuando se trate de suelo rústico de protección agraria".
Uno de los últimos legados de Castro
La aprobación de la ley de Islas Verdes en 2016 y, ahora, el proceso para respaldar la parte específica para la actividad turística surgen, sobre todo, por el empeño del diputado palmero de CC Antonio Castro Cordobés, que en este mandato se ha centrado, sobre todo, en los asuntos relacionados con su Isla. El que fuera presidente de la Cámara regional considera cruciales ambas normas para que La Palma, La Gomera y el Hierro puedan mejorar y dinamizar su economía, pero sin caer, en ningún caso, en el desarrollismo que le achacan, sobre todo, desde Podemos y NC. Es más, a estos partidos siempre les recuerda que no tienen representación en estas Islas "por algo", si bien cree que el recurso de Podemos, al final, vino bien porque ha quedado más asentada la norma y su constitucionalidad y porque reduce la burocracia, al sustituir hasta 9 textos legales sobre ordenación.