El Juzgado de Instrucción número cinco de la capital grancanaria ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra el dueño de Ralons Miguel Ángel Ramírez por supuestos delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. El Ministerio Público acusa también al empresario Héctor de Armas y otros siete familiares, amigos y gestores de Ramírez de desviar fondos de Seguridad Integral Canaria (SIC) a otras sociedades vinculadas a Ramírez, para despatrimonializar la compañía y eludir de esta manera las deudas contraídas con la Seguridad Social y la Hacienda Pública y evitar su embargo. Héctor de Armas figura desde junio de 2018 como titular de Seguridad Intergral Canaria, tras ser su administrador único.
La fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, sustenta su acusación de atentar contra los trabajadores por pagarles menos de lo fijado en el convenio estatal del sector, utilizando para ello un convenio de empresa. Los otros querellados son familiares y amigos que actuaban como responsables de la trama de empresas implicadas en el desvío de fondos. Entre estas empresas figuran Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.L. (SVS), Gestiones y Asesoramientos 3000 S.A. (GYA) y Novo Segur, antes Marsegur.
La titular del juzgado, Ana Isabel de Vega Serrano, ha iniciado una investigación, al considerar que hay "indicios suficientes" de delito porque se "aprecian actuaciones que aparentemente tienen como finalidad el desvío de fondos desde SIC a otras empresas", de las que es titular el también presidente de la Unión Deportiva.
La magistrada añade en su auto que Ramírez "se sirve para ello" de "personas allegadas, como familiares y amigos, que sirven para figurar como meros detentadores de las participaciones o cargos sociales", con el objetivo de "evitar" ser descubierto.
La finalidad de Ramírez no es otra, según los razonamientos jurídicos de la jueza, que "desviar esos fondos para evitar su embargo". Además del supuesto delito de insolvencia punible, la juez considera que la actuación de Ramírez y sus socios puede ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que estos estuvieron "sometidos a un convenio de empresa más restrictivo que el del sector, un convenio", destaca, que ha sido anulado por el Tribunal Supremo.
La Fiscalía advierte que Seguridad Integral Canaria acumula una deuda de algo más de siete millones (7.060.169,55) de euros con la Hacienda Pública, una cantidad que, en su mayor parte corresponde, a "retenciones efectivamente practicadas en los salarios a los trabajadores" y el "IVA repercutido a sus clientes" y no ingresados en la Agencia Tributaria, así como "por actas levantadas por el Impuesto de Sociedades".
En el auto se aclara que estas deudas de algo más de siete millones "son distintas" de las que investiga el Juzgado de Instrucción número ocho por presunto fraude fiscal y un importe de 18,4 millones de euros al no pagar la retención a los trabajadores por el IRPF de los años 2009 a 2013 y camuflar como dietas las horas extraordinarias. Además, SIC debe a la Seguridad Social 1,46 millones, por "infracotización", a raíz de la sentencia de 2015 que anuló su convenio laboral y tiene otra deuda, todavía no cuantificada pero superior a cinco millones, derivada también de la anulación del convenio por el Tribunal Supremo.
La Agencia Tributaria, aclara, ha iniciado el proceso de cobro por la vía ejecutiva y ha embargado varias cuentas bancarias, créditos comerciales, vehículos y viviendas de Ramírez y la Tesorería de la Seguridad Social ha recurrido también a la vía ejecutiva para cobrar. La Fiscalía describe de manera pormenorizada todas las maniobras utilizadas por el empresario y sus cómplices para "lograr desviar los fondos de SIC" a otras empresas "por él creadas" y "así poder justificar su situación de insolvencia".
Entre esas acciones realizadas por Ramírez y "las personas que ha utilizado como meros detentadores de sus participaciones sociales en distintas empresas por él creadas y bajo su superior supervisión", destaca la venta de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas que estaban a nombre de Seguridad Integral Canaria. Añade que aunque se acordó su embargo el 9 de noviembre de 2017, "no pudo llevarse a efecto, al haberse vendido las acciones" a Ramírez. "Tal venta", resalta, "se hizo en fraude", ya que se llevó a efecto por un importe menor a su valor real y SIC "no percibió dinero alguno como contraprestación".
Por su parte, fuentes de la empresa Ralons calificaron la querella como "una interpretación maliciosa" y añadieron que Ramírez "dará en el momento procesal oportuno todas las explicaciones necesarias y demostrará que lo que se refleja en la querella no tiene nada que ver con la realidad". Aseguró que "se siente acosado por la fiscal porque no es la primera actuación que emprende en contra suya. Una vez más demostrará su inocencia. Después de hablar con los abogados está totalmente tranquilo".