El diputado del Común, Rafael Yanes, pidió este martes un gran pacto por la dependencia en las Islas, ya que Canarias multiplica por cuatro el plazo legal para gestionar los expedientes y además es la comunidad que menos recursos destina a esta área por habitante.
Rafael Yanes hizo este planteamiento en el pleno del Parlamento de Canarias en el que se debatió el informe de la Diputación del Común correspondiente a 2018, periodo en el que los ciudadanos presentaron 2.170 quejas, el 21,22 por ciento más que en 2017.
El diputado del Común reconoció que lo menos agradable de la actuación llevada a cabo en el tiempo que lleva al frente de la institución es el grado de colaboración de las administraciones y así señaló que este organismo emitió el pasado año 89 advertencias de obstrucción, 65 de ellas al Gobierno de Canarias.
Durante su intervención Rafael Yanes indicó que las actuaciones de oficio aumentaron en un 460 por ciento y recordó que los seis primeros meses el diputado del Común era Jerónimo Saavedra.
También dijo que esta institución firmó 285 recordatorios del deber legal de colaboración y 80 advertencias de declaración de obstrucción, entre ellas 65 al Gobierno de Canarias, dos a cabildos, una al presidente del Colegio de Procuradores de Gran Canaria y otra al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote.
Rafael Yanes también se refirió a que algunos organismos públicos han mejorado, y como ejemplo puso a la Dirección General de Protección al Menor y a la Familia por poner en marcha un plan para tramitar con rapidez los expedientes de familia numerosa.
Para llevar a cabo su labor de oficio Rafael Yanes ha utilizado los medios de comunicación y el diálogo con representantes de colectivos ciudadanos, de modo que las actuaciones por este motivo han pasado de 15 en 2017 a 84 el pasado año.
Y también ha pedido Rafael Yanes que se incremente el presupuesto destinado a educación para que Canarias se acerque al objetivo de destinar a la misma el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) canario, y que se creen plazas de enfermería escolar en los centros públicos.
Otras peticiones han sido regular el comercio por internet para acabar con la inseguridad jurídica, así como crear una unidad de rehabilitación cardiorespiratoria en Fuerteventura, y un convenio con cabildos y ayuntamientos para hacer efectivo el cumplimiento de la ley de accesibilidad física y cognitiva en las 88 corporaciones municipales.