Al momento histórico que se dio este martes en el Parlamento de Canarias con la aprobación, por unanimidad, de la nueva ley de Servicios Sociales se sumó ayer otro hito que, al menos con perspectiva histórica y simbólica, supondrá un antes y un después para las víctimas de robos de menores desde el golpe de Estado franquista de 1936 en adelante, sin límite de año. En el último pleno del mandato, con las pertinentes despedidas al final de los portavoces y con el apoyo de todos los grupos, si bien se rechazaron las enmiendas vivas de Podemos, la Cámara autonómica aprobó a media mañana la primera ley de Menores Robados del país.

Una norma que se adelanta a la estatal (cuya tramitación se paralizó) y a cualquier otra de tipo regional y que pretende allanar el camino a los 4 grandes objetivos de los colectivos de afectados y familiares: que se descubra y sepa la verdad, que haya tutela judicial y se haga justicia, que se dé de verdad la reparación personal y que estos dramáticos y vergonzantes hechos no se repitan.

La iniciativa, que nace gracias al empeño de colectivos como Sin Identidad, constaba inicialmente de 11 artículos, pero el Consejo Consultivo detectó partes potencialmente inconstitucionales en 8 y, por eso, los grupos le han dado la vuelta para propiciar el acuerdo y que la legislatura se cerrara con este buen sabor de boca, potenciado con la ley social del martes o la de Atención Temprana, también aprobada ayer.

Según recalcó Guadalupe González Taño (CC), el texto incluye todo lo que se podía introducir en una norma desde Canarias porque muchas de esas partes inconstitucionales tenían que ver con competencias del Estado, sobre todo en lo relativo a cuestiones penales. Sin embargo, los partidos coincidieron en la relevancia de aprobar la primera ley de este tipo del país, ligada pero al mismo tiempo desvinculada de la de Memoria Histórica, y que queda a la espera de ser reforzada y completada con la que se promovió en esta legislatura a escala estatal y que se pretende retomar en la siguiente.

Desde el punto de visto político, la norma la promovió, en especial, Manuel Marrero (Podemos). Lo hizo al entender que la de Memoria histórica se quedaba muy corta y no abordaba este drama como merecía, aunque siempre de la mano de los colectivos. En aras del consenso, y aunque lamenta que se hayan quedado fuera aspectos que cree factibles y que mantuvo vivos en las enmiendas rechazadas ayer (aunque apoyadas por el PSOE y NC), en su intervención en el pleno y ante los medios después no escondió su satisfacción por lo que considera un paso muy importante en todo el país.

Para Marrero, era más relevante que saliera una ley de mínimos, que se quedara sobre la mesa. Eso sí, espera que la estatal resuelva cosas pendientes como que el reconocimiento de víctima no dependa de una sentencia judicial, sino que baste con una declaración jurada. Asimismo, pide una unidad judicial en las Islas con, al menos, dos agentes especializados, una fiscalía especial promovida por el Estado o que se reconozcan los derechos no ejercidos y las oportunidades perdidas.

Por ASG, Melodie Mendoza calificó la aprobación de la ley de "hecho histórico" y emplazó a las víctimas presentes a verse en el Congreso cuando se apruebe una estatal que le dé aún más sentido a la que deja a Canarias a la vanguardia del país en este ámbito, si bien tras adaptar los reparos del Consultivo. A su juicio, lo relevante es que este texto facilita el reencuentro familiar y conocer la verdad sobre la propia identidad, dando acceso a todos los archivos de las administraciones sin coste, así como los cotejos de ADN con el banco de la ley de Memoria.

Luis Alberto Campos (NC) recalcó que momentos así justifican y dignifican la política, "con páginas que perdurarán en el tiempo". Según recordó, se calcula que desde la dictadura se ha robado a unos 300.000 niños.

La socialista Teresa Cruz Oval subrayó el papel de los colectivos y censuró el "silencio atronador" que han sufrido por parte de las administraciones. Por el PP, un Miguel Jorge muy concienciado y conciliador, remarcó que no hay nada peor que separar a un bebé de su madre y que los criminales deben pagarlo, mientras que Taño se emocionó al recordar cómo algunas historias la estremecieron.

Décimo cambio en la ley de Islas Verdes

El Parlamento volvió a reeditar ayer la división entre grupos más habitual desde 2017 al aprobar el décimo cambio en la Ley de Islas Verdes, en esta ocasión en su apartado turístico. CC, PP y ASG volvieron a hacer valer su mayoría para modificar un texto con el que dicen que pretenden que los suelos agrícolas abandonados en La Palma, La Gomera y El Hierro vuelvan a ser explotados para ese sector. Además, buscan desbloquear o propiciar proyectos turísticos "siempre compatibles" con el desarrollo sostenible con la meta de cortar la hemorragia del despoblamiento. Antonio Castro (CC), principal promotor, insistió en que quieren voltear los desagravios, sobre todo de la ley de Directrices de 2003 que impidió el desarrollo de la de Islas Verdes de 2002. A su juicio, una de la claves es que la ley será ahora de aplicación directa y que corresponde a los cabildos, "que la apoyan", y municipios adaptarse a ella, aparte de resaltar que se ha limitado los hoteles a 40 camas en edificaciones existentes y en uso no ordinario. A su defensa contribuyeron también Lorena Hernández (PP), quien cree que los que la rechazan no conocen esta realidad, y J. R. Ramos (ASG), quien criticó a los diputados de estas islas que se oponen. Como si de otra realidad se tratara, Nayra Alemán (PSOE), Luis Alberto Campos (NC) y, sobre todo, Manuel Marrero (Podemos) criticaron lo que consideran una norma hecha a toda prisa (la socialista invocó incluso a Usain Bolt) y los efectos nocivos para estas islas por casi no poner límite a las casas y hoteles rurales, por el uso ordinario de estos suelos y por emular el modelo turístico "desarrollista" de otras islas.