El acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros por el que se aprueban, por fin, los 8 millones de euros de ayudas al riego agrícola en Canarias, una medida incluida en los Presupuestos de 2018 que se ha venido retrasando durante meses y que se llegó a cuestionar por el Ministerio de Transición Ecológica, no llega a maquillar, ni de lejos, el trato brindado en los últimos meses por el Gobierno central a la comunidad autónoma canaria, cuya agenda de asuntos pactados con el Estado se ha visto aparcada. La autorización para transferir esas ayudas al sector primario es una de las dos únicas medidas, junto a la actualización de las ayudas al transporte de mercancías industriales el pasado día 15, que benefician específicamente a las Islas desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó las elecciones del 28 de abril. Por contra, son numerosos los acuerdos del consejo ministerial en este periodo preelectoral que afectan a comunidades con gobierno del PSOE, que concentran casi 6.000 millones de gasto de inversión si se contabilizan las que estaban preparadas para Andalucía en los meses previos a las elecciones de esa comunidad autónoma.

Un análisis de esos acuerdos de los Consejos de Ministros celebrados en lo que va de año deja en evidencia el manejo electoralista de esas decisiones, con especial incidencia en las regiones del arco mediterráneo, donde prima también el peso que adquiere en este contexto al caso de Cataluña. Aunque con gobierno de los partidos independentistas, el PSOE y el propio Ejecutivo de Sánchez han centrado allí la mirada para lograr la victoria el 28-A y se han aprobado en los últimos meses medidas por valor de 1.855 millones. La otras comunidades con especial tratamiento por parte del Estado en estos meses son la Comunidad Valenciana, donde el president Ximo Puch ha convocado elecciones autonómicas coincidiendo con las generales, y Baleares, donde el PSOE quiere liderar en el futuro la alianza de la izquierda y los nacionalistas que cogobiernan en ese archipiélago. A la comunidad levantina se han destinado desde enero 1.237,3 millones, y a la balear 517.

Desde enero, las seis regiones ahora gobernadas por el PSOE suman medidas por valor de 2.880 millones. Las cinco gobernadas por el PP, exceptuando el caso de Andalucía, han obtenido por acuerdos una inversión de 3.557 millones, a lo que habría que añadir los 303,3 millones de los que se benefician Ceuta y Melilla. Solo Madrid concentra 3.104,3 millones de inversión desde enero, mientras que Galicia alcanza por su parte los 446,7 millones. El País Vasco, gobernada por el PNV, logra a su vez 806,8 millones; Cantabria, que gobierna el PRC de Miguel Ángel Revilla apoyado por el PSOE, 23 millones; y Navarra, en manos de una coalición de izquierdas y nacionalistas liderada por Geroa Bai, 280 millones. A cada una de estas comunidades hay que sumarle lo aprobado para medidas que afectan a varias de ellas, caso en el que Canarias comparte con Andalucía, Valencia, Murcia, Barcelona y Madrid, una cantidad de 33,6 millones.

Para el caso de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Ministros celebrado el 1 de febrero aprobó una partida de 214 millones de euros para la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, una inversión destinada a un contrato de suministro de energía para el año 2020 en los puntos de demanda gestionados por Acuamed, empresa estatal que pertenece al Grupo Patrimonio del Estado y que ahora actúa bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica.

Tras este acuerdo, el Gobierno viró la mirada hacia el otro lado de la cuenca mediterránea. La semana siguiente aprobó el Plan Hidrológico para la demarcación de Baleares, al que quince días después se sumó una de las más controvertidas decisiones de los últimos meses, la aprobación del Régimen Especial de las Islas Baleares, en el que se incluyen medidas económicas y fiscales para ese archipiélago calcadas del REF canario.

Ese Consejo de Ministros lo que hizo fue aprobar por una parte un real decreto, que se convalidó en el último pleno del Congreso de la legislatura el 28 de febrero, con medidas económicas, ayudas y subvenciones de compensación a la insularidad con reflejo en los presupuestos estatales de cada año, y paralelamente un anteproyecto de ley de régimen fiscal especial con figuras y bonificaciones como los del fuero canario. Ese mismo 22 de febrero, el consejo ministerial concedía un crédito de 20 millones con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) para el suministro de dos simuladores de vuelos que serán instalados en un centro de entrenamiento para pilotos en la ciudad china de Guangzhou, un dato que, frente al retraso de las ayudas para el agua o la negativa al reconocimiento de inversiones para Canarias, suponía para el Gobierno de Canarias un ejemplo del "desprecio" para con el Archipiélago.

En febrero y marzo se han aprobado numerosas concesiones por parte de Fomento para el mantenimiento de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, y las líneas del Sur, del Noreste y la que conecta la capital con el Levante. En concreto, el 22 de febrero se aprobaron inversiones por valor de 271 millones, y 15 de marzo, 67 millones para la línea de Madrid y Barcelona, además de numerosas inversiones en Galicia y el Norte.

Desde Canarias se ha recalcado durante este tiempo que, mientras Sánchez ha aprovechado estos Consejos de Ministros para tomar decisiones con claro sesgo electoral -los "viernes sociales", según los califica la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fueron denunciados ante la Junta Electoral por PP y Cs- , aquí se sigue esperando por los más de 300 millones presupuestados en 2018 que se han quedado sin ejecutar o el que se inicien los pagos de la deuda del anterior convenio de carreteras, que se firmen los convenios de infraestructuras pendientes o que se abonen ya los 18 millones del plan para combatir la pobreza.