La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, visitó ayer Las Palmas de Gran Canaria y garantizó la aprobación y financiación del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) porque, aunque los técnicos de Intervención de Empleo no creen posible prorrogar esa subvención de 42 millones al ser nominativa, se usará la figura del real decreto en uno de los dos consejos de ministros que quedan.

Valerio, que participó en un foro de la Cadena Ser, acusó al presidente isleño, Fernando Clavijo, de estar en un "contencioso permanente" contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo. "El Gobierno canario, por lo que he visto en los últimos meses, aprovecha cualquier oportunidad para mantener un contencioso permanente y constante con el de España". Frente a esto, aseguró que el Plan de Empleo "se llevará por el trámite de urgencia" y mediante decreto ley al Consejo de Ministros y llegará a las Islas: "Que no se preocupen el Gobierno canario y su presidente. Vamos a hacer todo lo posible para que sea una realidad", remarcó.

Valerio recalcó que el Gobierno estatal "no está en funciones, sino funcionando" y aseguró que "la prórroga de los PGE de 2018 está dando sus frutos". Eso sí, y refiriéndose al PIEC, indicó que "hay una serie de subvenciones nominativas que tiene que aprobar por Real Decreto el Consejo de Ministros porque es bueno para Canarias y para las personas desempleadas, ya que sirve, sobre todo, para apoyar la formación de los parados de larga duración y supone una apuesta por la inserción o reinserción laboral".

Por el contrario, la consejera de Empleo y Servicios Sociales del Gobierno regional, Cristina Valido, dijo ayer que quiere creer a Valerio, pero que su confianza en el Ejecutivo de Sánchez es "muy limitada". En su opinión, las Islas "se habrían ahorrado mucho si, en vez de contestarnos que el PIEC no se puede tramitar, nos hubieran dicho que no nos preocupáramos, que se iba a aprobar con un decreto". Además, duda de la afirmación porque aún no han llegado los 18 millones para la pobreza del PGE de 2018.

"No puedo dar por sentado que llegará el PIEC porque también confirmaron los 18 millones de euros para pobreza de 2018 y aún seguimos esperándolos". En este sentido, el lunes indicó que se equivocó al creer en la palabra de la ministra de Servicios Sociales, que le dijo en diciembre que esa partida pendiente llegaría en los primeros meses de este año.

Valido censuró ayer que, tanto para referirse al PIEC como a las partidas para la pobreza, el Gobierno central use el argumento de que "las subvenciones nominativas no son objeto de prórroga presupuestaria". En su opinión, de esa forma se pretende no tener que transferir las partidas de esos conceptos, aunque figuren en los presupuestos estatales de 2018 que están prorrogados.

Para Valido, las quejas del lunes de su Ejecutivo han servido para que la ministra aclare que ese dinero se aprobará vía decreto en uno de los dos consejos de ministros que quedan. No obstante cree "sospechoso" que ese anuncio se diera justamente ayer, después de que la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, comunicara el lunes al consejo de Gobierno de Canarias que, según el Estado, esas partidas no se transferirían a la comunidad al no haberse aprobado los presupuestos estatales de 2019.

En este sentido, el Gobierno regional esgrime que, en la carta remitida a la consejera de Empleo y Servicios Sociales (con fecha de salida del pasado 12 de marzo) por el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy, se constata que son los técnicos de Intervención de este departamento los que argumentan que la partida de 42 millones de euros para el plan de empleo para las Islas no se puede prorrogar en 2019 porque se trata de una subvención nominativa.

Los técnicos se agarran al artículo 38.2 de la Ley 42/2003, del 26 de noviembre (sobre presupuestos), e impiden así, según señala Gutiérrez en el texto, la tramitación del dinero como subvención. Sin embargo, el responsable del Servicio aclara que, el pasado 8 de marzo, le pidió un informe a los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo, porque no comparte esa interpretación, "al entender que las subvenciones nominativas sí pueden ser objeto de prórroga en determinadas circunstancias, que se cumpliría en el caso del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC)".

Gutiérrez acaba su carta anunciando que, desde que tengan alguna novedad sobre esto, se la comunicarán al Gobierno regional, "pero en las circunstancias actuales no podríamos tramitar el PIEC para 2019, salvo que se consiguiera modificar el criterio interpretativo de nuestra Intervención de ese articulo 38.2". Aclara que, "en todo caso, el SEPE ha iniciado las actuaciones derivadas a intentar dicha modificación, pero hoy no se tiene ningún resultado concreto a este respecto".

Esta imposibilidad de prórroga, sumada a la que sufren también los 30 millones del plan de pobreza o al cuestionamiento por parte del Estado de los sexenios en Educación, sublevó aún más al Gobierno canario respecto al trato del central con las Islas. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, lo considera un "atropello" y, si bien envió una carta urgente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar todas estas situaciones, la cita no tendrá lugar hasta la próxima semana por problemas de agenda, según la conversación telefónica que mantuvieron en la noche del lunes.

En la rueda de prensa del lunes, Valido indicó que lo que está ocurriendo vulnera no solo la agenda canaria, sino el REF y el Estatuto, aparta de considerar que se podía buscar alternativas para saltarse ese obstáculo técnico. Con el anuncio ayer de Valerio, se refuerza la lecturas de partidos como el PP, que cree que solo falta "voluntad política" por parte del Gobierno central.

Aparte de estos 42 millones de euros, el argumento de las subvenciones nominativas también se usa para los 30 millones de pobreza que, con los presupuestos prorrogados de 2018, deberían llegar también en 2019. En principio, la incertidumbre sigue sobre esta partida, toda vez que Valerio solo se refirió ayer a los de empleo y no a estos otros, aparte de que faltan los 18 aún no entregados relativos a 2018.

En este caso, se trató de enmiendas negociadas por NC con el Gobierno de Rajoy, tanto en las cuentas de 2017 como en las de 2018.

En el foro, y por otro lado, Valerio garantizó también las futuras pensiones que deberán percibir en los jóvenes de hoy, a los que pide que confíen en el sistema público porque serán los trabajadores del futuro los que paguen sus pensiones. "En relación al sistema público de pensiones -dijo-, queremos, podemos y debemos mantenerlo fuerte y, además, hay que mantener un sistema de reparto, como el que tenemos, de solidaridad entre generaciones".

Por eso, insistió en que el español es un sistema de solidaridad intergeneracional, interterritorial e intersectorial que lleva funcionando varias décadas con buenos resultados para la cohesión social. "Por este sistema -continuó- hay muchas familias que han mantenido a personas de su entorno durante la situación de crisis a pesar de los recortes".

Valerio reconoció que el país no se ha caracterizado nunca por tener un salario medio "enorme", sino que ha habido salarios razonables que sufrieron una devaluación con la crisis, por lo que la hucha de las pensiones experimentó "más problemas". En este sentido, la ministra señaló que el déficit en el sistema se empezó a notar realmente en 2012 y que al año siguiente el PP realizó una reforma "unilateral" que implicó una subida de las pensiones de solo del 0,25%. "Y empieza a utilizar los ahorros del Fondo de Reserva, que estaba con 67.000 millones de euros y que cuando llegué el año pasado tenía 8.000 millones", apuntó Valerio, al tiempo que aclaró que el dinero que sacaron los ''populares'' fue para pagar las pagas extraordinarias.

Lo que ocurre, detalló, es que en el año 2017 el Fondo no era dinero suficiente, y para no dejarlo a cero se pidió un préstamo al Tesoro Público de más de 11.000 millones -que el año pasado fue de algo más de 13.800 millones-, matizando que en la actualidad quedan unos 5.000 millones en la llamada hucha de las pensiones".

Torres critica a CC por no gastar casi 800 millones

Durante la visita de la ministra Valerio, ayer, a Las Palmas, donde participó en un foro organizado por Ser Canarias, el secretario general de los socialistas isleños, Ángel Víctor Torres, se refirió a las nuevas quejas del Gobierno regional por los incumplimientos del estatal y las consideró una polémica "artificial" contra Madrid. A su juicio, el Ejecutivo de Clavijo ha optado por "los lunes de la crispación y el enfrentamiento cada vez que aparece una mala noticia" que afecta a su gestión. En este sentido, se refirió a los 500 millones que no se gastó el Gobierno de Clavijo en 2018, a los que se suman otros 297 para inversiones financieramente sostenibles, cifras que, según remarcó, se han publicado en la web oficial de la Comunidad.

"El Gobierno regional que peor gestiona"

Torres considera muy grave que el Ejecutivo autónomo trate de desviar la atención con que tilda de "lunes de la crispación" respecto al Gobierno central "cuando es el que peor gestiona de todas las regiones y dejó de emplear 800 millones en 2018". En su opinión, algo así resulta muy llamativo en la comunidad que presenta de los peores datos en Sanidad, Educación, de paro o Dependencia y considera que los canarios "ya están hartos de esas polémicas artificiales". Más tarde, y en una nota, recriminó al Ejecutivo de Canarias que haya dejado de liderar el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social para pasar a ser la octava región de España en este ámbito desde que CC gobierna en solitario, dato que contrastó con la etapa del PSOE en Empleo.

En plena polémica en las Islas por las transferencias pendientes, el presidente regional, Fernando Clavijo, vuelve a reunirse hoy, en Santiago, con el máximo responsable de otra de las regiones más cumplidoras del déficit y la regla de gasto: el gallego Núñez Feijóo.

La cita servirá, según apuntaron ayer desde el Ejecutivo canario, para analizar la petición que hacen ambas comunidades de usar su superávit para mejorar servicios como la sanidad. Asimismo, tratarán la situación de la colonia de emigrantes canarios y gallegos en Venezuela, muy afectada desde hace años por la creciente degradación de las condiciones de vida en ese país. Se trata de las dos comunidades españolas con mayor población en el país centroamericano, así como con más retornados que están sufriendo el hecho de que no reciben las pensiones que les corresponden.

En una nota, Rosa Dávila recordó ayer que Galicia y Canarias han cumplido de forma reiterada los objetivos de déficit y "han hecho los deberes" en materia de control del gasto público y de equilibrio presupuestario. Según remarca, no exigen ser tratadas "mejor ni peor" que el resto, pero tampoco piensan quedarse "de brazos cruzados, y harán todo lo que esté en su mano para que el Gobierno central les permita gastar su superávit en reducir las listas de espera y en dar una mejor sanidad" a los ciudadanos.

A la cita acudirán también los consejeros de Sanidad. Ambos gobiernos piden que el Ministerio tenga en cuenta las características geográficas, demográficas y económicas al planificar los recursos.