El presidente canario, Fernando Clavijo (CC), ha celebrado este viernes saber, "por fin, dónde dar las explicaciones" sobre su proceder en el caso Grúas después de que su instructora haya precisado en una providencia que en ella figura como "investigado", y no como "interviniente".

De esta forma ha aludido Clavijo a la aclaración formulada por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife), Clavijo en un acto celebrado este viernes en ese municipio, del que ha informado posteriormente el Ejecutivo regional a Efe.

"Tras haber sido citado y después anulado y las distintas explicaciones que he dado en el Parlamento, por fin ya se dónde tengo que ir a dar las explicaciones", ha referido.

Fernando Clavijo ha informado de que ha dado instrucciones a sus abogados "para poder, cuanto antes, ir a explicarle a su señoría cualquier duda que le haya surgido sobre el expediente de rescate de la concesión de grúas de La Laguna".

El exalcalde de ese municipio tinerfeño ha reiterado que esta investigación responde a "una denuncia política" y ha recalcado que "no sólo se secuestró y no se interrumpió el servicio de grúas, sino que no le costó ni un euro al Ayuntamiento porque el préstamo fue devuelto con intereses incluso".

"Espero que ya, por fin, con estas explicaciones todo quede perfectamente aclarado", ha aseverado el presidente del Ejecutivo canario.

El llamado "caso Grúas" gira en torno a una serie de decisiones que se tomaron en el Ayuntamiento de La Laguna a partir de 2003, cuando el entonces concejal de Seguridad Ciudadana (y más tarde alcalde de la ciudad), Fernando Clavijo, recomendó privatizar la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos, la grúa.

El caso llegó a los juzgados en 2017 y desde entonces ha vivido varias vicisitudes: primero la juez que lo inició decidió archivarlo, luego la Audiencia de Santa Cruz la corrigió y ordenó investigar indicios complementarios que podían incriminar a Clavijo (ya presidente de Canarias), más tarde la juez se lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y finalmente este último se lo devolvió, porque con el nuevo Estatuto de Autonomía el presidente del Gobierno ya no tiene la condición de aforado.

Fernando Clavijo se ha quejado públicamente de que la Fiscalía no se pronunciase sobre el fondo del asunto mientras el caso estuvo en el TSJC, ha denunciado que el Ministerio Público le ha perjudicado en sus derechos al no cumplir los plazos establecidos e, incluso, ha manifestado que sopesa presentar una querella por ese motivo.

La fiscal Anticorrupción se ha dirigido a la juez encargada del caso para exponerle su análisis de todo lo instruido hasta la fecha: a su juicio, en 2014 se comete un delito de prevaricación, por omisión, que provoca el resto de las irregularidades analizadas, cuando el Ayuntamiento no toma la decisión de rescatar la concesión de la grúa a pesar de que sus servicios le advertían de que la empresa había cometido faltas graves que obligaban a ello.