La diputada del PP en el Parlamento canario Pepa Luzardo censura que, durante los pasados meses de enero y febrero, 518 residentes en las Islas perdiesen la Prestación Canaria de Inserción (PCI) por haber superado el tope de 24 meses recibiéndola. Luzardo critica, sobre todo, que el Gobierno regional no haya previsto una solución para estas personas a la espera de que entre en vigor el nuevo modelo de PCI (ya denominada prestación de "inclusión") con la ley de Servicios Sociales aprobada en la última sesión plenaria, toda vez que esa modificación puede retrasarse hasta 18 meses y, en ese plazo, serán miles los isleños que pierdan esta ayuda motivada por su situación de extrema necesidad.
Según las respuestas por escrito que le ha trasladado el Gobierno, los perceptores que perdieron esa condición en enero fueron 267 y, en febrero, 251. Además, critica con dureza lo que, a su juicio, es una manipulación de los datos sobre el número total de beneficiarios en el Archipiélago, "pues la consejería suele hablar de entre 10.000 y 12.000, cuando las cifras oficiales que me pasan rondan los 6.000 o 6.500". En concreto, y como muestra la tabla, en enero hubo 6.578 y, en febrero, 6.330, con Gran Canaria y Tenerife, claramente, liderando los datos.
Frente a la versión de Luzardo, la directora general de Políticas Sociales del Gobierno autónomo, María Reyes Henríquez, aclaró ayer que hay que diferenciar los titulares directos de la PCI, "que en marzo se han cerrado con 5.985", con los beneficiarios, ya que ese concepto es más amplio al incluir a otros familiares del receptor nominal que también ven aliviado un poco su situación con esta ayuda. En este caso, la cifra media mensual de los beneficiarios se eleva a unas 11.500 personas.
Sobre las críticas a por qué no se ha previsto una solución temporal para los que cumplían 24 meses, indica que sí se ha contemplado la renovación inmediata en familias con menores a cargo o en el caso de los beneficiarios que estén participando en algún itinerario formativo o laboral. Asimismo, indica que, cuando se dé la modificación en virtud del artículo 24 del nuevo Estatuto, la cobertura sin tope se ampliará no solo a los que mantengan las circunstancias de exclusión, sino a jóvenes estudiantes de universidad o FP, aparte de ser compatible con trabajos parciales. También aclara que los técnicos tratan de extender la PCI a otros miembros de la familias y que siempre quedan las ayudas de emergencia de los municipios que se quieren reforzar con los 12 millones de la pobreza, los 18 pendientes de 2018 y los 30 de 2019.