El presidente canario, Fernando Clavijo, decidió intervenir ayer en la rueda de prensa posterior al habitual consejo de Gobierno ante lo que considera una situación, de nuevo, muy grave motivada por la actitud del Ejecutivo central hacia Canarias. El líder de CC advirtió de las consecuencias que supondrá el superávit de 947 millones de euros que ha calculado para las Islas el Ministerio de Hacienda, cantidad que contrasta con los escasos 300 que fija la consejería y que, entre otras cosas, pone en peligro obras del anterior convenio de carreteras y unos 18.000 empleos.
Aunque esta situación la viene advirtiendo el Gobierno isleño desde hace diez días, Clavijo detalló ayer de dónde salen esos 945 millones. Así, se refirió a 146 millones que pertenecían al presupuestos estatal de 2018 en lo tocante a las Islas, si bien se acabaron transfiriendo a finales de ese ejercicio.Se trata del dinero para el plan integral de empleo y para infraestructuras educativas, así como los 500 millones de los 945 que, intereses excluidos, debía abonar el Estado por el incumplimiento del convenio de carreteras de 2012 a 2017 según las cuatro sentencias del Tribunal Supremo.
El presidente critica que, lejos de reconocer esa deuda de 945 millones (más los intereses), se contabilizan, sin más explicación, unos 500 millones adelantados por la Comunidad para obras de ese convenio. Por tanto se oficializa, según recalcó, “que le quitan 445 millones de euros a los canarios de sus infraestructuras”. A esto se añade, en lo que considera una vuelta de tuerca aún más incomprensible, que ese dinero que no se pudo emplear para su fin original pasa ahora al superávit y, por tanto, ha de derivarse a deuda y devolvérselo a los bancos “pese a ser la región menos endeuda”.
Entre las obras perjudicadas por no haberse incluido en el nuevo convenio, destacan la IV fase de la circunvalación de Las Palmas, la del eje norte-sur de Fuerteventura, el anillo insular tinerfeño o la carretera de La Aldea.
Clavijo también avisa de las tensiones de tesorería y liquidez que podrían sufrir las arcas regionales con la devolución a los bancos de esos 500 millones. Ante esto, una opción que tiene el Ejecutivo canario es ejecutar esas obras pendientes con otros fondos autonómicos, pero el jefe del Gobierno lo descarta de entrada porque eso implica tener que recortar de otras partidas y departamentos que, seguramente, son más prioritarios.
En línea con los últimos meses, Clavijo subraya que las Islas “no merecen lo que la Administración del Estado le está haciendo porque no se lo está haciendo al Gobierno canario, ni a Clavijo, al vicepresidente o la consejera de Hacienda, sino que a los más de dos millones de canarios que han aceptado las reglas de juego” y que, según remarcó, han hecho un gran esfuerzo con los servicios públicos esenciales desde que irrumpe la crisis. En su opinión, esta situación “no es que sea grave, sino absolutamente injusta con el pueblo canario, que se nos trate de hurtar los recursos que se generan en esta tierra para, quizás, a lo mejor, derivarlo a otras comunidades, como puede ser Cataluña o Valencia, que sí que no han cumplido con ninguno de los criterios” (de déficit o regla de gasto).
Ante esto, dejó claro que, mientras ocupe la Presidencia, buscará las opciones posibles a través de lo medios que haga falta, bien políticos, jurídicos y de prensa, para “impedir que se siga atropellando a este pueblo, simple y llanamente”. A su juicio, todo puede deberse a que no le rinden “pleitesía” al Gobierno de España y que simplemente exigen lo que está en la Ley de PGE de 2018 y en la que no ha salido de 2019, “por lo que está prorrogada la de 2018”.
Clavijo ha convocado para hoy a su Consejo Asesor, recuerda que el superávit y déficit canario se han publicado en la web del Ministerio y lamenta que la vicepresidenta, Carmen Calvo, no anunciara, por ejemplo, los 30 millones de pobreza en su visita a las Islas. Ante la convocatoria de Clavijo, Podemos indicó anoche que solo asistirá si es porque anuncia su dimisión por el Caso Grúas.