La sede de Presidencia regional en Santa Cruz de Tenerife vivió ayer una intensa mañana de reuniones, periodistas esperando y búsqueda de consensos para plantear una estrategia común ante el Gobierno central por el superávit de 946 millones de euros que le ha asignado a Canarias y que puede perjudicarle mucho a corto, medio y largo plazo.
A primera hora, el presidente, Fernando Clavijo, junto a los consejeros de Economía, Pedro Ortega; de Hacienda, Rosa Dávila, y Servicios Sociales, Cristina Valido, se reunió con los integrantes de su Consejo Asesor (José Carlos Francisco, de la CEOE; Gustavo Santana, de UGT, e Inocencio González, de CCOO) y acordaron agotar todas las vías políticas y administrativas para intentar convencer al Ejecutivo central de que ese dinero no puede computarse como superávit y derivarse, por tanto, a deuda, sino que los 500 millones del fallo sobre el convenio de carreteras han de usarse para vías o infraestructuras, los 300 de lo que se ingresó de más en la comunidad en 2018 por la regla de gasto, para servicios básicos, así como que los 146 restantes, relativos a infraestructuras educativas y empleo, acaben en ese destino, tal y como recalcó Clavijo porque se ingresaron en diciembre y queda todo 2019 para ejecutarlos.
Para ello, han decidido solicitarle al presidente de España, Pedro Sánchez, una reunión urgente, bien en Madrid o aprovechando su estancia en Canarias los próximos días 13 y 14 por la campaña electoral, para, con la presencia de todos los integrantes del Consejo, plantearle lo injusto y problemático de la situación, sus consecuencias para las arcas regionales y la fórmula ideal para encauzarlo todo, bien vía real decreto o con otro acuerdo del Consejo de Ministros.
Tras una hora y media de reunión, los miembros del Consejo Asesor acudieron ante la prensa en la primera planta del edificio de Presidencia e irradiaron preocupación por lo que implica ese superávit impuesto desde el ministerio de Hacienda. El primero en intervenir fue el presidente de la CEOE Tenerife, José Carlos Francisco, quien recurrió al símil del fútbol para recalcar que, aunque ya no se esté ni en tiempo de prórroga, sino de penaltis, aún se puede resolver una situación que puede perjudicar mucho a las Islas, a sus empresas y el empleo (18.000 puestos directos, según el cálculo del Gobierno autónomo).
Francisco también anticipó el apoyo de los agentes sociales al recurso judicial al que recurrirán de no prosperar la vía política y administrativa, algo en lo que coincidieron luego los demás, si bien Clavijo subrayó que lo mejor, lo menos traumático, ágil e ideal es alcanzar un acuerdo por las buenas y cuanto antes.
En una línea similar se mostró Santana (UGT). Aunque aludió en varias ocasiones a las distintas “interpretaciones” del ministerio y el Gobierno regional sobre el superávit, confió en que se logre una salida consensuada en bien de las Islas porque, en este caso, cree que el Ejecutivo regional tiene razón. También lo considera así el secretario general de CCOO, quien se mostró muy preocupado por las consecuencias para las arcas regionales y, por tanto, para la sociedad en general por no poder derivar parte de ese dinero a reforzar los servicios generales y sí a deuda, pese a tratarse de la comunidad menos endeudada del país. Tampoco convence la alternativa de las inversiones financieramente sostenibles porque se podría emplear pocos millones y porque se le quiere dar prioridad a los servicios básicos y las vías, según insistió el presidente.
Como lleva haciendo años, Clavijo subrayó la lealtad de Canarias para con el Estado a la hora de cumplir precisamente la regla de gasto, el déficit y otros ratios económicos exigidos. Por tanto, no entiende lo que está sucediendo y, más allá de los 18 millones para la pobreza de 2018 pendientes, de los 30 de este año o los 42 para el plan integral de empleo, considera aún más relevante la situación del superávit y, por eso, indicó que ayer se centraron en consensuar la respuesta sobre esto.
Recordó, asimismo, sus intentos desde diciembre para hablar o citarse con Sánchez, aunque todos han resultado infructuosos, si bien confía en que, al tratarse ahora de una petición de un consejo compuesto por empresarios y las principales centrales sindicales, el presidente acepte la reunión. Como los demás, sabe que queda poco tiempo y que hay periodo electoral ahora, pero recalcó que ni el consejo ni esta petición tiene que ver con partidismos ni pretenden interferir en la campaña. Según insistió, aún quedan dos consejos de ministros y esto se podría resolver con un real decreto u otras figuras, negando (como luego ratificara a El Día Rosa Dávila) que algo así se pueda resolver con el Gobierno en funciones.
Esta situación hace temer mucho al Ejecutivo por si el resultado electoral del 28 de abril no es definitivo ni permite conformar un gobierno pronto, con lo que la interinidad podría alargarse mucho y ser muy perjudicial para las Islas.
