Fernando Clavijo solicita a Pedro Sánchez un reunión in extremis junto a sindicatos y patronales para desbloquear los fondos del superávit antes de que sea "demasiado tarde". A través de una carta pública, el jefe del Ejecutivo regional recuerda al presidente del Gobierno de España, de campaña electoral ayer y hoy en el Archipiélago como candidato socialista a revalidar la Presidencia, que las tensión territorial que vive el país no puede ser excusa para el olvido de los compromisos adquiridos con las Islas ni para el abandono de aquellas regiones que han contribuido a fortalecer y dar estabilidad al Estado. El Ejecutivo regional no solo reclama al central que corrija su cálculo del superávit, sino que también demanda que permita destinar ese dinero a los servicios públicos esenciales y a carreteras en vez de dárselo por obligación a los bancos o invertirlo en gastos financieramente sostenibles.
El Ejecutivo regional calcula un superávit de 300 millones frente a los 947 millones que computa el Gobierno central a las Islas. El Ministerio de Hacienda incrementa el superávit canario porque tasa como tal los 146 millones transferidos en el último tramo de 2018 con partidas de ese año que se ejecutaban este ejercicio y otros 500 millones -y todavía faltan casi 500 millones más- de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo por los incumplimientos del convenio de carreteras. En este último caso, Clavijo subraya que Madrid incorpora esa cantidad al superávit sin que se haya transferido a la Comunidad Autónoma cantidad alguna.
Clavijo y su Consejo Asesor, integrado por los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEE y CEOE, acordaron el martes agotar toda la vía política y administrativa existente para convencer al Gobierno central de que el dinero que computa en el superávit no se tenga que derivar a pagar deuda bancaria en una de las regiones cumplidoras con la regla de gasto y menos endeudadas del país. El Ejecutivo canario cree que los fondos que tiene que ingresar Madrid por lo adeudado en el convenio de carreteras de 2012- 2017 tienen que destinarse a la ejecución de vías, los 300 millones que no pudo gastar el pasado ejercicio para cumplir con la regla de gasto en servicios básicos y los 146 millones que ingresó la región a finales de 2018 en empleo e infraestructuras educativas.
Con estos recursos, según los cálculos del propio Gobierno canario, se podrían crear en el Archipiélago 18.940 puestos de trabajo relacionados con la sanidad, la educación y la dependencia. Si Canarias dispusiera de esos fondos para emplearlos en las materias que desea, podría, por ejemplo, contratar a unos 2.200 docentes que permitiría reducir las horas lectivas del profesorado. La libre disposición de ese dinero posibilitaría, asimismo, la renovación de equipamientos de alta tecnología para el diagnóstico del cáncer o dejar a cero las listas de espera en dependencia, entre otras cuestiones.
Clavijo no está solo en este pulso con el Estado. Además de las patronales y sindicatos cuenta con el respaldo de los portavoces parlamentarios de CC, ASG y PP y de los presidentes de las comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos de estabilidad presupuestaria. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y él cargaron contra la rigidez de la regla de gasto tras una reunión mantenida en Santiago de Compostela la semana pasada.
La tensión de las relaciones entre Canarias y Madrid viene de atrás. Clavijo recuerda que desde diciembre cualquier intento por contactar con Sánchez para tratar cuestiones de especial relevancia para Canarias, porque afectan de forma directa a su economía y a la sostenibilidad de los servicios públicos, ha sido "infructuoso". El presidente canario asegura a Sánchez que está ante una oportunidad, tal vez la última antes de que su Ejecutivo entre en funciones tras la celebración de las elecciones generales, "para que esta situación se pueda revertir sin más perjuicios para Canarias". Antes, advierte, de que sea "demasiado tarde".
Pese a la crispación de las relaciones entre Canarias y el Estado, el presidente del Gobierno canario confía en que la reunión solicitada "sea posible por encima de cualquier otra diferencia" y se puede restablecer el diálogo que, apunta, debe sustentar las relaciones institucionales "como obligación de todo buen gobernante". Éste, subraya, siempre ha sido un "principio irrenunciable" del Ejecutivo que preside.