El temor a PP y Vox hace a Canarias renunciar a que el reparto obligatorio de menores migrantes se apruebe mediante decreto

Canarias quiere que la modificación legal que permitirá la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados al resto de las autonomías se apruebe en 15 días a través de un decreto ley, pero no hará casus belli sobre esta reivindicación y aceptará que, como propone el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres, se tramite en las Cortes como proposición de ley de los grupos mayoritarios. De esta manera, y tal y como aseguró el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se evitará que comunidades autónomas cogobernadas por el PP y Vox recurran la modificación y otorgará "más seguridad jurídica" a la misma.

Los grupos parlamentarios que suscribieron el Pacto por la Inmigración, más la formación de ultraderecha que lidera Santiago Abascal, se reunieron con el presidente Clavijo en el Parlamento de Canarias para analizar el acuerdo alcanzado el 22 de abril entre Estado y Canarias para resolver el colapso que tiene el sistema de acogida de las Islas, que alberga ahora mismo a 5.477 menores, y cerraron filas sobre otro de los puntos conflictivos del acuerdo: salvo Vox, todo el arco parlamentario respalda que la tutela efectiva no la asuma el Gobierno canario y se asigne a otras autonomías en el momento de la llegada.

La paradoja sobre la decisión de apoyar la rapidez de un decreto ley pero aceptar sin aspavientos la más lenta tramitación de una proposición legislativa la explicó el canarista Luis Campos echando mano a una fábula del ilustre portuense Tomás de Iriarte: "llegar a este texto ha costado muchísimo para ahora discutir sobre si son galgos o podencos y, en esa discusión, perder más tiempo todavía".

Y es que el recelo está justificado desde el momento en que la portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, afirmó que los conservadores en el Congreso y el Senado garantizarán "que se utilice el instrumento jurídico que otorgue mayor seguridad jurídica a esta situación". Menos sutil fue el representante de Vox, Nicasio Galván: "estamos en contra de esta solución y así lo haremos saber en Canarias, Galicia, País Vasco y cualquier otro territorio de España".

Otro punto que ha concitado el respaldo de la práctica totalidad de la Cámara regional es el referido a que se garantice la "suficiencia financiera" a las comunidades autónomas para que asuman el porcentaje de menores que se les asigne.

"Estamos innovando en derecho, se está creando una norma, eso siempre es complicado y difícil, pero agradezco el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas canarias, porque pude ir respaldado por ellas en la reunión mantenida en Madrid", concluyó el presidente Clavijo.

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