Sara Rodríguez (Airbnb): «La actividad del alquiler vacacional no es responsable del turismo masivo»

Airbnb ve desproporcionado el anteproyecto de ley del alquiler vacacional ¿Creen que es intervencionista en comparación con otras comunidades y ciudades que lo han regulado?

Nuestra visión es de preocupación por el impacto que pueda tener directamente sobre los propietarios canarios, porque son los que realmente desarrollan la actividad a través de la plataforma. Es una normativa que va muy dirigida hacia la vivienda vacacional cuando los datos de Airbnb son claros: este sector supone únicamente el 4% del total de las estancias en Canarias frente al 82% de los hoteles. El objetivo del Gobierno de atajar el turismo de masas llevando a cabo unas normas desproporcionadas que no atienden directamente las necesidades de las Islas puede dañar una actividad de la que depende el canario de a pie.

¿La nueva normativa europea del alquiler de corta duración puede regular mejor el sector? Airbnb la respalda ¿no?

Creemos que es una gran oportunidad, llevamos más de dos años trabajando en ella y Airbnb la ha apoyado desde los inicios. Es una normativa que establece unas reglas muy claras: que exista un registro simple, on line, que sea de fácil acceso para que la actividad pueda estar debidamente controlada y, por otro lado, permite una conexión directa entre los datos de la plataforma y las autoridades competentes a través de puntos únicos en los 27 Estados miembros. Se trata de una oportunidad no solo para colaborar a nivel europeo, también abre un camino con las autoridades locales para una normativa más justa y clara. Realmente lo que buscamos son normativas mucho más estructuradas, transparentes y que sean proporcionadas conociendo la situación real del sector.

El Gobierno defiende que el alquiler vacacional se ha descontrolado y supone ya un 36% de las camas turísticas de Canarias y más de 50.000 viviendas ¿Lo creen así?

Los datos que manejamos son los oficiales del INE que no llegan a 45.000 viviendas vacacionales, lo que supone el 4% del parque total de vivienda de Canarias. Se trata de una problemática multifactorial y como Airbnb nos preocupa mucho que los destinos sean sostenibles y nuestro modelo lo intenta ser cada vez más frente a otros modelos más tradicionales, que a lo mejor es donde debería orientarse más la normativa. Es un problema de un cálculo complejo, las autoridades competentes deben trabajar por hacer que los destinos sean más sostenibles y ahí sí nos van a encontrar siempre para colaborar, pero el foco debe estar en el 100% del problema y no en una parte muy pequeña porque habría que atajarlo por diversas vías no sólo por esta.

¿Las plataformas son suficientemente transparentes? ¿Disponen de controles sobre la oferta irregular o ilegal que existe?

Le puedo responder en nombre de Airbnb y no de otras plataformas. Nos preocupa mucho este tipo de noticias pero con las miles de transacciones diarias que hay en la plataforma sabemos perfectamente que son casos aislados porque la gran mayoría de los anfitriones y huéspedes son respetuosos. Apostamos por un turismo sostenible de convivencia local y este tipo de casos dañan la reputación del destino y de la plataforma. Todos los anfitriones tienen que suscribir las normas de seguridad y el compromiso de cumplir con la normativa, por eso cuando llega a nuestro conocimiento que cualquier autoridad certifica que hay una oferta irregular Airbnb actúa para retirarla. Tenemos acuerdos con Barcelona, Ibiza y en otras comunidades hay herramientas para garantizar los registros inscritos pero la realidad es que estamos en 100.000 ciudades de todo el mundo, con leyes que cambian continuamente e intentamos actualizar las normas de forma regular.

¿Hay contacto fluido con las administraciones canarias?

Ahora con la publicación de la nueva normativa canaria como con el nuevo reglamento europeo creo que se nos han abierto puertas que antes eran más difíciles de conseguir. Estamos en conversaciones con la Consejería de Turismo del Gobierno canario para entender las necesidades canarias y la regulación que quieren sacar adelante. Hemos presentado unas alegaciones y sugerencias con las que buscamos defender el equilibrio de un crecimiento sostenible que beneficie a los canarios a la vez que ayudamos al Gobierno a atajar problemas que sean identificados.

La Consejería de Turismo quiere firmar con las plataformas un código ético ¿Están dispuestos a firmarlo?

Desde Airbnb tenemos claro que queremos ser aliados a nivel local de las autoridades, queremos escuchar cuál es la propuesta de la consejera y dar pasos adelante para mejorar el turismo y la convivencia en Canarias.

¿Ven con preocupación que haya sectores que vinculen la falta de viviendas y la subida de los alquileres a la oferta del turismo vacacional?

Nos preocupa muchísimo y por eso recabamos datos sobre qué parte del problema representa Airbnb. Pero cuando vemos que las estancias que representamos son mínimas, analizamos cuál es la actividad en la plataforma donde siete de cada 10 anfitriones solo tiene una casa y no es su ocupación principal, por lo que no es una actividad que se pueda comparar con el turismo masivo que se aloja en otros establecimientos. Los datos demuestran que hay 200.000 viviendas vacías en Canarias, un 20% del parque total frente al 4% del alquiler de corta duración. El Banco de España dice que se trata de un problema estructural y multifactorial pero por desgracia se está centrando en una actividad muy concreta y, queriendo ser parte de la solución, no se está contemplando el problema desde una perspectiva multifactorial que es la que deberían adoptar las autoridades competentes. No queremos limpiar nuestra responsabilidad pero sí medirla correctamente, algo que no están haciendo porque se está culpabilizando a una parte del sector cuando realmente no se contempla la multiplicidad de factores. Hay que bajar al detalle y si realmente se quiere solucionar el problema de la vivienda hay que hacerlo bajo un prisma 360 grados.

¿Preferirían que la normativa canaria esperase para que se adaptara al nuevo reglamento europeo?

Hay un margen de dos años, hasta mayo de 2026, para que cada país adapte su legislación a la normativa europea. Nuestro trabajo actual es que se conozca bien el reglamento de la UE y empezar a trabajar desde ya, la vocación de Airbnb es que haya regulación y ayudar en lo posible con los datos que tengamos con las herramientas disponibles. El reglamento pide unos requisitos mínimos para que una normativa sea proporcionada y deja suficiente espacio para que las medidas nacionales se adapten a la normativa europea. Creemos que se puede trabajar en los próximos dos años para que España sea líder en su implementación con una normativa proporcionada que no cree fricciones. La legislación debe estar debidamente justificada y que se hayan valorado medidas que sean menos lesivas y como tal se lo hemos trasladado en las alegaciones al Gobierno de Canarias.

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