Clavijo prevé acotar a las pymes la exención de la cotización por alza salarial

El hemiciclo del Parlamento volvió a acoger ayer un nuevo capítulo del debate sobre la necesidad de mejorar los sueldos y democratizar el reparto de la riqueza en las Islas para elevar el nivel de vida de la ciudadanía, dos reivindicaciones de las manifestaciones ciudadanas del 20A que aún siguen vivas en los discursos políticos de la sede del Legislativo. Esta vez, el enfrentamiento entre bancadas tuvo su origen en la propuesta que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hizo en una visita a la patronal de beneficiar con bonificaciones a la Seguridad Social a aquellas empresas que eleven los salarios a sus empleados por encima del convenio colectivo. Una medida que, en principio, quería negociar en los Presupuestos del Estado para este año, que el Gobierno central renunció a elaborar, y que ahora depende del visto bueno del Ministerio de Hacienda en las negociaciones que se están llevando a cabo para garantizar la agenda canaria. Sin embargo, para la oposición la propuesta es una «ocurrencia» que además "se carga la negociación colectiva pues todas las empresas negociarán a la baja porque cualquier subida será bonificada", a juicio del canarista Luis Campos.

Clavijo, que recordó que la medida está incluida tanto en el documento que firmó el PSOE para que CC apoyara la investidura de Pedro Sánchez como en el programa electoral de NC-Bc, quiso rebajar el nivel de alarma detectado en Campos: "aquellas empresas con más de 50 trabajadores no se podrán acoger y resuelto el problema".

"El 98 % de las empresas en el Archipiélago tienen de uno a cinco trabajadores y no han ganado miles de millones de euros. Lo que proponemos es incentivar para facilitar el emprendimiento y que las familias tengan un poco más de renta. Pensamos en nuestras pymes y autónomos, no en Inditex", zanjó Clavijo.

Un discurso que no compró el portavoz de NC-Bc, que insistió en que las bonificaciones "se circunscriban a sectores estratégicos de difícil inserción o en crisis, pero no a los empresarios que han ganado más que nunca".

El otro foco de las manifestaciones del 20A lo encendió el portavoz parlamentario del PSOE, Sebastián Franquis: "después de cuatro consejos de gobierno desde que la ciudadanía salió a la calle su gabinete solo ha adoptado una medida, la autorización de 1.000 plazas más", en referencia a un hotel de Fuerteventura.

Franquis hizo referencia a las contradicciones de Clavijo, que en su primera etapa como presidente de Canarias "quería limitar el número de turistas en Canarias y poner tope a los visitantes". Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora por parte del Ejecutivo autonómico, dice el socialista, ha sido "poner patas arriba" al sector turístico, al de las viviendas vacacionales, a los residentes en zonas turísticas, a los hoteleros, sindicatos, ayuntamientos y cabildos.

"Un cúmulo de anuncios, enredos, contradicciones, echar balones fuera, derivar responsabilidades a otras administraciones y esconderse detrás de los grupos de trabajo de carácter político, como la Conferencia de Presidentes de Cabildos", concluyó Franquis.

El presidente negó la mayor. Insistió en que ha tomado medidas desde antes de que convocaran las manifestaciones. Ya en 2015 hablaba de la necesidad de ser más respetuosos con el territorio y de regular mejor, por lo que impulsó la Ley del Suelo que "permite desclasificar suelo sin pagar indemnizaciones". Además, insistió en que "hay menos camas hoteleras que en 2015", si bien la novedad es la proliferación del alquiler vacacional. "Lejos de la actitud cobarde del gobierno anterior del PSOE este Ejecutivo ha cogido el toro por los cuernos con un anteproyecto de ley", finalizó.

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