Las comunidades del PP rechazan el “acuerdo unilateral” Canarias-Estado sobre menores

Mal inicio para el acuerdo definitivo entre Canarias y el Estado para reforma de la Ley de Extranjería que da respaldo al reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas y otros territorios fronterizos. Varias comunidades gobernadas por el PP expresaron este martes su rechazo a lo que llaman “acuerdo unilateral” en el que no han participado pese a que les afecta, y exigen no solo conocer los términos de la modificación legal prevista, sino participar en su elaboración y redacción. Así lo expresaron autonomías populares lideradas por la Comunidad de Madrid en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

No fue un ‘no’ rotundo, pero sí dejó claro la resistencia de estas comunidades a asumir grandes cupos de menores migrantes porque consideran que ya atienden a un número de ellos que tensionan sus sistemas de acogida y sus presupuestos. En teoría manifiestan su disposición a la “solidaridad” con Canarias, que ya acoge en estos momentos a más de 5.600, pero mantienen un claro recelo al concepto de “reparto obligatorio”, y más si no se las ha tenido en cuenta para establecer los términos en que se pretende realizar. La consejera canaria de Bienestar Social, la nacionalista Candelaria Delgado, expresó su decepción por el desarrollo de la reunión, pero evitó explicitar una queja contra las comunidades del PP, el socio de gobierno en las Islas, y se remitió a la posibilidad de un acuerdo en la próxima convocatoria de la conferencia sectorial, que se celebrará seguramente en Canarias.

Las regiones en manos de los populares quisieron extender su desacuerdo por los motivos señalados incluso a la aprobación, prevista para la reunión de este martes, de un fondo de 20 millones para el reparto pendiente de los 349 menores que se aprobó en octubre del año pasado, y solo admitieron aprobar el de 15 millones el llamado “fondo estructural” para Canarias (6 millones) y para Ceuta y Melilla (4,5 millones para cada ciudad autónoma) para ayudar en sus respectivos sistemas de acogida. La ministra expresó su “sorpresa” por el rechazo de las comunidades del PP a la aprobación de esos 20 millones “que teníamos asignado y acordados previamente” con todos los territorios.

Fenómeno estructural

La ministra no quiso dar por cerrado por completo el acuerdo entre Canarias y el Estado, solo concedió que “estamos trabajando en ello” y se remitió a la idea de que “la vocación del Gobierno es plantear una reforma de la Ley de Extranjería para un criterio que está vertebrado por una cuestión fundamental y es que la inmigración es un fenómeno estructural y dinámico y atendiendo a los derechos humanos y del interés general de los niños y las niñas, dotándolo presupuestariamente de manera vinculante”. Rego evitó reconocer el rechazo implícito expresado por algunas comunidades populares y aseguró que “se trata de un proceso de negociación en el que vertebrar y plantear la política migratoria con un enfoque que ponga en el centro el interés de los menores. “Vamos a intentar tenerlo lo antes posible y a partir de ahí toca acordar con el resto de grupos políticos, pero tiene que haber un punto de partida, afirmó en referencia al texto que se avanzó horas antes pero que la ministra no quiso dar como acuerdo cerrado”.

Candelaria Delgado, la consejera canaria, lamentó que solo se cerrara la parte de financiación estructural para Canarias, Ceuta y Melilla, que en el caso del Archipiélago los 6 millones que representa “siguen siendo totalmente insuficientes frente al déficit de 72 millones” con el que carga la comunidad canaria por los 5.600 menores que acoge en estos momentos sin contar los que han llegado en desde el pasado fin de semana. Dijo “entender los puntos de vista por otras comunidades”, pero que “la situación límite que tiene Canarias no las tiene ninguna otra”. Delgado avanzó que cuando el Gobierno de Canarias tenga el documento definitivo “nos sentaremos con los grupos del Parlamento de Canarias que firmaron el Pacto por la Migración” y que posteriormente se iniciará el proceso de explicación a los portavoces de los grupos en el Congreso, asumiendo que la aprobación definitiva de la reforma es una cuestión política que deberá resolverse paralelamente al proceso de explicación al resto de comunidades autónomas. “Es un texto que tratamos que sea de consenso aceptado por las comunidades autónomas y por los grupos del Congreso y del Senado”, señaló.

“No se puede decir que no a una cuestión que no se conoce”, alegó en todo caso la consejera sobre los reparos de otras comunidades, y preguntada sobre si cree que se pueda dar la situación de un rechazo del PP a la reforma legislativa y al reparto obligatorio de menores aseguró “no estar intranquila” apelando al pacto con el PP en Canarias sobre esta cuestión. “Nuestro socio de gobierno participa del consenso en Canarias sobre esta propuesta de reforma normativa que hemos hecho al Estado”, resaltó.

Madrid lidera los reparos

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila fue la encargada de trasladar la posición de las comunidades de las comunidades del PP señalando que habían decidido posponer el reparto de los 349 menores ya aprobado para el año pasado tras conocer el “acuerdo unilateral” entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central “para realizar un reparto adicional, con carácter de obligatoriedad bajo la fórmula de un cambio legislativo de la ley de Extranjería sin tener en cuenta a ninguna de las comunidades autónomas afectadas y con sistemas de acogida ya muy tensionados”. Dávila manifestó todo tipo de argumentos relacionados con la política migratoria del Ejecutivo central, que criticó duramente, para justificar su rechazo por ahora al acuerdo para el reparto obligatorio. “Exigimos que el Gobierno de España siga actuando en origen, que no lo está haciendo, y que siga coordinando de una manera eficaz los repartos con información y garantizando una financiación adecuada, que llevamos más de seis meses solicitando, que no existe y que estamos asumiendo las comunidades autónomas en solitario”, resaltó la consejera madrileña.

Dávila se mostró “perpleja” por el hecho de que antes de la conferencia sectorial se conociera el acuerdo entre Canarias y el Estado, reconociendo que esa circunstancia llevó a algunas comunidades como la madrileña a rechazar la aprobación prevista del fondo de 20 millones para la distribución de 349 menores entre el resto de territorios. “Solicitamos una conferencia sectorial de manera urgente en la que estén presentes todos los ministerios que tienen que dar explicaciones sobre los acuerdos a que están llegando (con Canarias) y que afectan a todas las demás comunidades y que en base a todo ello Madrid seguirá siendo solidaria”, afirmó la consejera madrileña.  

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