Madrid y Canarias cierran el texto legal para el reparto de menores

Después de seis meses de negociaciones, reuniones y algunas tensiones, Madrid y Canarias logran cerrar el texto legal que por primera vez hará obligatorio el reparto de niños y adolescentes migrantes entre todas las comunidades autónomas. El Gobierno central y el regional han atado los flecos que quedaban pendientes del contenido que modificará el artículo 35 de la ley de extranjería, pero aún queda por determinar la forma legislativa por la que se aprobará la reforma. La emergencia humanitaria que se vive en el Archipiélago, donde hay más de 5.500 menores en los centros de acogida, apremia al Ejecutivo regional, que apuesta por un real decreto ley; mientras que los ministerios implicados abogan por una proposición de ley. La primera vía es más rápida, pues solo requiere pasar por el Consejo de Ministros para entrar en vigor de forma inmediata, y la segunda da más garantías legales. En ambos casos sí es capital contar los apoyos políticos necesarios para lograr la mayoría de las Cortes Generales.

"Por fin hemos alcanzado un acuerdo, después de intensas semanas de trabajo por parte de los servicios jurídicos", celebró la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien reconoció estar "contenta", porque "ya se ve la luz al final del túnel". La situación que se vive en los centros de acogida de las Islas es "alarmante" y el Ejecutivo no encuentra nuevos espacios para albergar a más menores, por lo que se está valorando la posibilidad de acondicionar colegios en desuso o instalaciones militares. En concreto, ya han solicitado el cuartel de El Fuerte de La Palma, que se utilizó durante la emergencia volcánica como centro de operaciones y refugio para los primeros desplazados, y también otros destacamentos militares en El Hierro y en Lanzarote. "El repunte de junio, con la llegada de unos 250 menores, y las previsiones de futuro indican que tenemos que estar preparados", advirtió Delgado.

El ministro de Política Territorial y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, anunció el "principio de acuerdo" sobre la modificación legal a través de un mensaje de vídeo. "Una vez conseguidos los apoyos parlamentarios, que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial para tener ya el texto definitivo y se aprobará finalmente", explicó.

Colapso. El texto contempla que el mecanismo de derivaciones obligatorias se activará cuando el sistema de acogida de una comunidad autónoma esté a un 150% de su capacidad. Canarias cuenta con 2.000 plazas, con lo que al llegar a 3.000 menores habría que empezar a derivarlos a otras regiones. En la situación actual, habría que enviar a unos 2.500 niños a la Península.

Criterios. La actual situación migratoria de Canarias y la necesaria prevalencia del interés superior del menor, han obligado al Estado a tomar medidas excepcionales. Los criterios que seguirán para llevar a cabo el reparto serán los ya acordados por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia en 2022, basados en datos de población, tasa de paro, nivel económico y dispersión territorial. Estas mismas pautas se han empleado desde entonces para reubicar a 774 niños extranjeros no acompañados procedentes de las Islas y de Ceuta.

Plazos. Una vez que se pone en marcha la situación de contingencia migratoria extraordinaria se trasladaría a los menores en un plazo máximo de 15 días naturales desde su llegada.

(Habrá ampliación)

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