La solidaridad voluntaria solo saca 32 menores de Canarias en diez meses

El fracaso de la solidaridad voluntaria entre regiones queda patente en las cifras. Solo han salido de Canarias 32 niños y jóvenes migrantes no acompañados de los 339 que se acordó derivar a otras comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en octubre de 2023. En diez meses, apenas se ha cumplido el 10% de lo acordado para aliviar la tensión que en aquel momento vivía el sistema de acogida del Archipiélago, cuando atendía a unos 3.000 jóvenes, frente a los más de 5.600 que hay actualmente bajo la tutela del Gobierno canario. 

Las únicas autonomías que han materializado su ayuda han sido Aragón, donde gobierna el PP en coalición con Vox, que ha recibido a 16 menores no acompañados; y Asturias, dirigida por el PSOE junto a IU, que el mes pasado trasladó a otros 16 chicos migrantes. Precisamente, el presidente asturiano, Adrián Barbón, de cara a la conferencia sectorial que se celebrará el próximo miércoles en Tenerife, ha garantizado que su Ejecutivo colaborará con la atención de los menores, con «visión de Estado» y «solidaridad» con otras regiones.

A pesar de que el Estado ha transferido la financiación establecida para atender a los 371 niños que se acordó derivar en 2023 –339 para infancia migrante procedente de Canarias y 32 de Ceuta–, solo se han trasladado a un total de 54 menores –32 del Archipiélago y 22 de la ciudad autónoma–. Además, de las 378 plazas pactadas en 2022, se han derivado apenas 270. En total, según datos de la Consejería de Bienestar del Gobierno canario, desde 2021 han salido de las Islas hacia otras comunidades autónomas poco más de 390 jóvenes migrantes no acompañados.

Cinco ministros llaman a la responsabilidad entre comunidades de cara a la sectorial

La malograda la solidaridad voluntaria es la que ha hecho necesaria la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hará obligatorio el reparto de los menores migrantes entre todas las regiones. Aunque ha reconocido que la voluntariedad en el reparto ha fracasado, el ministro Ángel Víctor Torres, quien preside la Comisión Interministerial de Inmigración y ha sido el interlocutor con el Gobierno de Canarias durante la negociación bilateral del texto legal, insiste en la necesidad de alimentar la fraternidad entre autonomías. Torres visitó ayer Melilla para presentar al Gobierno de la ciudad autónoma el borrador pactado con Canarias y, tras el encuentro, afirmó que «la solidaridad es absolutamente imprescindible». Para atajar las críticas de algunos ejecutivos autonómicos sobre la inseguridad presupuestaria de la acogida de infancia migrante, Torres aseguró que existe una ficha financiera, «que permite la neutralización sectorial».

Las «tres caras del PP»

En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apuntó que «se necesita solidaridad y tener en cuenta que el eje de los derechos humanos y de los derechos de la infancia se tiene que poner en el centro y hay que cumplir con los acuerdos». Sobre el posible rechazo de algunas comunidades, la ministra apuntó que es el momento de «ver si somos capaces de ponernos de acuerdo para establecer este dispositivo» y, en el caso de que las autonomías del PP rechacen la propuesta, destacó que habría que buscar «fórmulas alternativas».

Torres y Rego no son los únicos ministros que se pronunciaron ayer sobre el reparto de menores. La ministra de Educación, Pilar Alegría, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hicieron un llamamiento a la «responsabilidad» de las administraciones para llegar a un acuerdo. «Estamos hablando de menores que merecen ser acogidos e invertir en protección, porque además así nos lo manda el Derecho Internacional», recordó Urtasun. Mientras que la portavoz del Gobierno instó al PP a no dejarse arrastrar por Vox: «estamos ante un asunto de Estado. El PP tiene que determinar de una manera muy clara cuál es su posición». 

Con respecto a la postura de los populares, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusó a Alberto Núñez Feijóo de «tener tres caras» y de aceptar la tesis de la ultraderecha. «La semana pasada hablaba de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a estar a la altura y van a demostrar esa solidaridad, ahora muestra la cara más dura de la ultraderecha y abraza al señor Abascal en sus discursos xenófobos», detalló la ministra, quien considera que el líder del PP está «constantemente titubeando» y «dando muestra de la debilidad de liderazgo».

La titular de Migraciones evitó concretar si Cataluña quedará excluida del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias como exige Junts. «Los grupos tendrán que manifestarse, habrá un procedimiento para introducir enmiendas. Se está hablando de una ley orgánica que necesita unas mayorías cualificadas y lo que es importante es la postura del Partido Popular», alegó Saiz.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, garantizó ante los medios en Granada que en las comunidades donde gobierna su partido hay «voluntad de llegar a acuerdos», pero insistió en que «lo que hace falta» es que el Gobierno «ponga medios encima de la mesa» para que tengan los «recursos necesarios» para atenderlos.

El Ejecutivo central no aclara si admitirá que Cataluña no acoja menores

Al margen de las declaraciones de los ministros, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió ayer que el PP «ha cumplido» al apoyar el pacto migratorio en Canarias, avalado por el vicepresidente regional, Manuel Domínguez. Por esto, pidió quitar «carga política» al debate sobre la distribución de menores migrantes no acompañados. En declaraciones recogidas por Europa Press, Clavijo reivindicó que la migración es un «problema global», no «territorial» y «entre todos» habría que buscar una solución a un «drama humanitario» y a dar condiciones dignas de acogida a los menores. «No son botellas, no son bultos, no es un problema de una comunidad autónoma contra otra. Hay unos derechos y unos tratados internacionales del menor que tenemos la obligación de cumplir», indicó.

Clavijo confía en que, en la conferencia sectorial, las comunidades autónomas «van a manifestarse muy predispuestas» a colaborar con un asunto que «es un tema global» , y a partir de ahí se podrán «modificar» algunos aspectos del acuerdo para la reforma de la ley de extranjería.

Carpas en los puertos

El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez, pone el foco en la exigencia de Junts, que «está de acuerdo en repartir a los menores entre todas las comunidades, menos en la suya». En su opinión, esta negativa es la que podría suscitar «grandes dificultades para llegar a un acuerdo» en torno a un asunto que «es responsabilidad de todos, no de unos pocos».

Domínguez considera que el Ejecutivo central «está cómodo» con la situación que se está viviendo en Canarias. «Sánchez quiere que haya enfrentamiento social, lo consigue con la inmigración; quiere enfrentamiento entre las formaciones políticas, lo consigue con la inmigración; quiere enfrentamiento entre las comunidades autónomas, lo consigue con la inmigración. Lo único que no va a conseguir es su principal objetivo, romper el pacto de gobierno en Canarias», sentenció el vicepresidente.

Ante la advertencia de la Fiscalía de Canarias que no permitirá la instalación de carpas en los muelles para atender a los menores migrantes no acompañados, Domínguez se cuestionó: ¿Dónde y cómo les atendemos, qué hacemos? No solo hablamos de espacio físico, sino de personal cualificado para poder atenderles como se merecen». Sobre este asunto, Clavijo señaló que «todo el mundo» se opone a esa situación, porque «no hay que ser Einstein para darse cuenta», pero resaltó que si con 2.000 menores ya había una emergencia en Canarias y ahora se superan los 5.600.

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