Posibles alternativas para agilizar la concesión de licencias urbanísticas en los ayuntamientos

El atasco que padecen los ayuntamientos canarios en cuanto a la concesión de licencias urbanísticas no es nada nuevo, su repercusión va más lejos de considerarlo como un problema exclusivamente derivado de la tasa de reposición, por la cual las administraciones locales no han podido cubrir debidamente con personal de nuevo ingreso las bajas que se han ido produciendo en los últimos años. Este límite al crecimiento del número de empleados públicos ha provocado, es cierto, un grave problema en la prestación de servicios públicos. Así, según la información ofrecida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el número de los trabajadores al servicio del Estado está un 10% por debajo de los que había antes de 2008. Si extrapolamos esta cifra a la administración local podemos hacernos una idea del daño que esta infradotación de personal está causando a los servicios públicos, como lo es el funcionamiento de las oficinas técnicas municipales encargadas de tramitar los procedimientos urbanísticos.

Este problema está lejos de arreglarse, pues no será hasta 2025 hasta que se elimine la tasa de reposición, según se indica desde aquel Ministerio, mientras que las consecuencias en el sector de la construcción son más que evidentes. Así, hoy es noticia que más de 25.000 viviendas esperan por licencia para construirse en Canarias mientras que la FECAM constata un plazo medio de otorgamiento de 18 meses, cuando la Ley 4/2017, de 13 julio, obliga a resolver estos procedimientos en 3 meses. Esta situación incide, de manera muy importante, en la economía de las islas.

El Gobierno canario confía que con el Decreto Ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de Vivienda se va a mejorar la situación de crisis habitacional de las Islas. Sin embargo, la situación de precariedad de la mayoría de los ayuntamientos, en cuanto a personal técnico especializado en la multitud de tareas y obligaciones de gestión que las leyes les imponen, no hace que seamos optimistas en el cambio de rumbo que conlleve a la agilización de las licencias municipales de expedientes actuales o de aquellos que se encuentran desde hace años a la espera de su resolución definitiva.

Hay que tener en cuenta que la ineficacia en la tramitación de licencias afecta no solo a los constructores o grandes promotores, sino que también repercute en las Pymes y autónomos relacionados con el sector, como carpinteros, albañiles, electricistas, etc. También a las oficinas técnicas de arquitectura, ingenierías, arquitectos técnicos, y, por supuesto, a los colegios profesionales. Pero este análisis va más allá de su influencia técnica o profesional, ya que especialmente repercute en los ciudadanos que están a la espera de poder acceder a una vivienda digna y adecuada, un derecho recogido en el art. 47 de la Constitución española.

Una cadena de despropósito que termina por afectar a las propias administraciones locales, que ven mermados sus ingresos y sus posibilidades de hacer frente con satisfacción a las necesidades del municipio, al no recaudar l las correspondientes tasas e impuestos de las licencias solicitadas.

Por tanto, dada la situación actual de ralentización de la gestión de las administraciones locales, los esfuerzos deben ir orientados a reforzar los medios técnicos y humanos de aquéllas, buscando el apoyo, si fuera preciso, de otras entidades para facilitar la gestión y desbloquear de esta manera, la situación de los ayuntamientos, en lugar de acudir a una regulación excesiva y al incremento de la burocracia.

En este sentido, el Colegio de Arquitectos en su condición de corporación de derecho público y en su afán de contribuir en la búsqueda de soluciones que agilicen los trámites administrativos, tiende la mano a las administraciones locales para su colaboración en la resolución de este problema. A tal fin, se está en disposición de suscribir los oportunos convenios administrativos cuyo objeto podría ser el de la verificación de los requisitos de integridad documental, la idoneidad técnica de los proyectos y la documentación relativa al cumplimiento de la normativa técnica. Esta colaboración en la gestión de las oficinas técnicas permitiría reducir el plazo de espera sin mermar el ejercicio de las potestades públicas y de control de la legalidad urbanística.

Este procedimiento no es nuevo para el COA, en los años 90 hubo una experiencia similar a través del llamado “Visado de Calidad”, fruto de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de La Laguna, que agilizó notablemente la concesión de licencias.

En este sentido, recientemente el COA ha elaborado un documento con el contenido específico sobre criterios, plantillas, comunicaciones, plazos de ejecución, costes y personal necesario para llevar a cabo las labores de colaboración con los ayuntamientos en materia de agilización de tramitación de licencias.

Así, El COA dispone de personal altamente cualificado con capacidad de definir un procedimiento una hoja de ruta ajustada, ágil y eficaz para la presentación de la documentación de los proyectos, que permita la sistematización y formalización de los expedientes para todos los ayuntamientos que tengan el ánimo de suscribir estos convenios de colaboración.

Sin perjuicio de lo anterior, consideramos de especial relevancia que el Gobierno de Canarias asuma lo antes posible una revisión de la Ley 4/2017, de 13 de julio que permita ampliar la figura de la entidad urbanística colaboradora para la emisión del visado de conformidad y calidad en materia urbanística, actualmente previsto en la Disposición Final 14ª del Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre. Tal y como está configurado, esta figura sólo sería útil en el ámbito de las comunicaciones previas, no de las actuaciones sujetas a licencias. Pero lo cierto es que el Gobierno de Canarias ni tan siquiera ha sido capaz de desarrollar reglamentaria esta norma por lo que actualmente es inaplicable.

No podemos desconocer que otras comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Valencia ya cuentan en su legislación con una previsión normativa que permite a los Ayuntamientos ejercer las funciones en materia urbanística a través de los colegios profesionales, acreditados como entidades colaboradoras. Así, los colegios profesionales pueden verificar los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación correspondientes a la licencia y emitir un certificado de conformidad que permite que a continuación se emita el informe jurídico previo a la licencia, con una significativa reducción de plazos de tramitación.

En resumen, los colegios profesionales somos herramientas que, ante la grave crisis habitacional actual, puede coadyuvar a solucionar a corto y medio plazo el problema de la tramitación de las licencias urbanísticas, vía convenio administrativo de colaboración con los ayuntamientos interesados, así como mediante la verificación documental de los proyectos para lo cual es necesario que el Gobierno de Canarias adopte las medidas legislativas que ya se han demostrado exitosas en otras comunidades autónomas.