Tres regiones de PP y Vox confirman su asistencia a la reunión de menores

Llegan a cuentagotas las confirmaciones para asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que las comunidades autónomas conocerán el texto legal pactado entre Canarias y Estado para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes que llegan a las Islas de forma irregular y sin el respaldo de un familiar adulto. Hasta ahora, siete regiones han anunciado que estarán presentes en la reunión, que tendrá lugar el próximo miércoles en Tenerife. Entre ellas, Castilla y León, Extremadura y Murcia, gobernadas por el Partido Popular en coalición con Vox, unos pactos que están en la cuerda floja ante las discrepancias entre los socios por la acogida de niños y jóvenes migrantes. 

La tensión es tanta que el presidente de los ultraderechistas, Santiago Abascal, lleva semanas advirtiendo que dará por rotos los pactos autonómicos con el PP si los gobiernos regionales no cumplen con los acuerdos suscritos contra la inmigración irregular. Vox, que también gobierna con el PP en Aragón y en la Comunidad Valenciana, confía en frenar el reparto de menores que permitirá aliviar la situación de colapso de la red de acogida de las Islas, que atiende a cerca de 5.600 niños no acompañados, bajo la tutela del Ejecutivo canario.

Los consejeros de Derechos Sociales de Andalucía (PP), Cataluña (ERC), Castilla-La Mancha (PSOE) y Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo Navarra) también se trasladarán hasta el Archipiélago la próxima semana para participar de forma presencial en el encuentro. La respuesta del resto de comunidades está todavía en el aire, aunque desde el Gobierno de Canarias confían en contar con representación de todos los territorios. Si bien, algunos concurrirán de forma telemática debido a los problemas de conectividad con las Islas y al adelanto de la fecha de la reunión –estaba prevista para el día 18 de julio– ante la emergencia humanitaria que vive el Archipiélago.

El Gobierno de Canarias confía en contar con representación de todos los territorios

«No debemos perder el punto de referencia: hay niños y niñas que necesitan una atención adecuada. Nos negamos a creer que, por encima del drama humanitario de Canarias y de la situación de África Occidental, se impongan la sinrazón y la falta de solidaridad», recordó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), quien lamentó que el debate sobre la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería se haya visto «contaminado por la crispación política de Madrid».

El reparto de menores, apuntó el presidente canario, «no es un problema político, no es un problema territorial. Es un problema humanitario». La respuesta a esta situación «no puede ser de una comunidad autónoma. Se requiere una respuesta de Estado en la que todas las comunidades estén obligadas a colaborar», sentenció el presidente canario, tras acompañar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la presentación del nuevo buque de Salvamento Marítimo, Heroínas de Sálvora, cuya tecnología de drones podrá ayudar en la localización de cayucos y migrantes desaparecidos en el Atlántico. 

Clavijo: «No perdamos el punto de referencia: hay niños que necesitan atención adecuada»

Clavijo considera impensable que en el resto de comunidades autónomas «impere» la falta de solidaridad y puntualizó que el cruce de acusaciones entre partidos políticos de las últimas semanas no ayuda a solventar un «grave» problema humanitario. «Insisto: me niego a creer que vivimos en un país en el que, conscientemente, no se quiere garantizar los derechos de niños y niñas que pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, sobrinos o nietos», sentenció.

En la reunión del próximo miércoles, Clavijo espera exponer ante el resto de comunidades autónomas la situación crítica que se vive en el Archipiélago, que no cuenta con más infraestructuras donde poder acoger menores y ya se plantea la posibilidad de tener que instalar carpas en los muelles para tener espacios donde poder atenderlos. El presidente canario aspira a recabar el apoyo de las demás regiones, pero recuerda que quien legisla es el Congreso y reitera que la vía más adecuada sería la del decreto ley, para que la solución llegue de la manera más rápida posible. «En esto no hay grises, hay blanco o negro. O se quiere ayudar y se colabora con la solución de un problema humanitario que afecta a niños y niñas, o se está en el otro lado. A pesar de toda la contaminación política que estamos viviendo, creo, espero y deseo que comunidades autónomas y partidos políticos estarán a la altura», concluyó.

Justicia y solidaridad

Uno de los presidentes autonómicos que se pronunció hoy es el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), quien pidió que no se haga demagogia «de la mala y de la barata» sobre la inmigración irregular y reconoció que no se le pasa por la cabeza que «alguien pueda negarse» a acoger menores no acompañados. Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales (PNV), reiteró su rechazo al reparto «asimétrico» de menores migrantes que se está produciendo entre comunidades autónomas. «No puede ser que una comunidad autónoma que cuenta con recursos se enfrente a una gran llegada de menores no acompañados; y que haya otras comunidades que, por no dotarse de esos recursos, no están gestionando llegadas», apuntó.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien también acudió a la presentación del Heroínas de Sálvora, confía en que la reforma legal salga adelante y destacó que entonces «no va a haber más excusas ni polémicas». Tras la reunión de la conferencia sectorial, Torres espera «poner fin a una situación que por justicia, solidaridad y cuestiones de carácter humanitario, debiera salir adelante, para que España y la Unión Europea conviertan en un gesto real la solidaridad voluntaria que hoy no funciona para que sea obligatoria. Somos país-frontera y hay que responder a los menores dignamente».

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