El Hierro quiere que el texto legal sobre volcanes incluya las erupciones submarinas

Los cabildos avalaron este martes en sede parlamentaria la tramitación de la ley de iniciativa popular sobre volcanes que se debate en la Cámara regional, si bien consideraron conveniente incluir varias enmiendas para solventar algunas carencias. A propuesta del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, las corporaciones insulares sugirieron a los grupos parlamentarios que mejoren el texto para incluir "los efectos derivados de un volcán submarino", como el que erupcionó en 2011 en la Isla del Meridiano, "y el proceso sísmico posterior, que a efectos económicos y sociales hizo más daño que el propio volcán". Armas, que fue refrendado en sus propuestas por el resto de representantes de las corporaciones insulares, también incidió en la necesidad de que se aclaren las competencias en una situación de emergencia, "ya que en su momento hubo problemas de coordinación entre el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Cesic)".

Tanto los representantes de los cabildos como los portavoces de los grupos parlamentarios resaltaron que Canarias "son ocho volcanes" sobre el océano, por lo que la erupción del Tajogaite en La Palma en el año 2021 "se repetirá en cualquier momento" en otra zona del Archipiélago, motivo por el que el texto también debe servir para planificar la prevención ante nuevos procesos eruptivos. "Las actividades humanas en el territorio son cada vez más intensas y los procesos eruptivos pueden afectar aún más a los asentamientos vitales", alertó Raúl Acosta (AHI).

Con todo, se resaltó que en estos meses ya se han puesto las bases de la reconstrucción y recuperación social y económica de La Palma, a través de varios decretos leyes, que pueden ser incorporados, de forma más general, en el texto final de la ley de iniciativa popular.

Al respecto, la práctica totalidad de los diputados resaltaron el informe del Consejo Consultivo que incide en la "inseguridad jurídica" de la iniciativa y que si no se solucionan cuestiones administrativas y competenciales, la ley no sería más que, en palabras de la socialista Alicia Vanoostende, "una mera declaración de buenas intenciones".

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