MUCHÍSIMAS veces a lo largo del último cuarto de siglo -digo bien: 25 años- he hablado con peninsulares acerca de las subvenciones al transporte que disfrutan los canarios. Los canarios, los baleares, los ceutíes y los melillenses, considerando que hoy tales ayudas se han generalizado. Casi ninguna de esas personas me ha mostrado su disconformidad. No porque todas estén de acuerdo, sino -supongo- porque no han querido llevarme la contraria. Estoy convencido de que apenas me doy la vuelta, mueven la cabeza de un lado a otro, rechinan los dientes y mascullan para sí mismos "¡qué cara tienen algunos!".
Como suelo ponerme la venda antes de recibir la pedrada, a menudo me adelanto a explicarle a mis interlocutores que si un señor de Cádiz o de La Coruña decide ir a Madrid, o a donde le apetezca, tiene buenas autopistas que en la mayor parte de su recorrido ni siquiera son de peaje. Un canario, en cambio, debe subirse a un avión. Análogamente, un madrileño puede darse un paseo dominical por Toledo -o comerse un cochinillo en Segovia- sin otro inconveniente que coger su coche. De nuevo existen carreteras, construidas con cargo a los Presupuestos del Estado, que le permite hacerlo. Un tinerfeño que quiera ir un domingo a Las Palmas -no sé a qué, pero podría ser- está obligado a comprar un billete de barco o avión, salvo que sea un discípulo aventajado de David Meca y decida intentar la travesía a nado.
Doy un paso al límite para acabar. Si un vecino de Cádiz o de Huelva, puertos a los que llegan los barcos con pasajeros procedentes de Canarias, decide disfrutar de un viaje en coche por España o por el resto de Europa en sus vacaciones, sale de su casa con unos cuantos cientos de euros más en el bolsillo que los que tiene un isleño cuando llega a cualquiera de esas dos localidades.
No sé si convenzo a alguien con estos argumentos -se pueden dar muchos más, entre ellos la acertada mención que hizo en su día Manuel Hermoso a la mayor facilidad de los parados peninsulares para desplazarse de una comunidad a otra-, aunque supongo que no. No porque nos quieran mal a los canarios -no caigamos en la demagogia del paulinato-, sino porque a un asturiano lo que le importan son las subvenciones al carbón para que no le cierren la mina, mientras que al jornalero andaluz lo que le incumbe es el PER, no vaya a ser que algún día tenga que ponerse a trabajar de verdad. Y así región por región, provincia por provincia y pueblo por pueblo en un país en el que la aspiración máxima de sus habitantes es vivir de un sueldo público o, en su defecto, de una ayuda estatal, autonómica o municipal. Mientras había dinero, se miraba para otra parte porque todo el mundo tiene que vivir. Lo malo es que ahora escasean las longanizas.
¿Se suprimirán las bonificaciones al transporte de los canarios por cuestiones de presupuesto? Estoy convencido de que no. No porque me haya llamado un ministro -o mi abuela desde el cielo- para hacerme una confidencia off the record, sino porque no se suprime de la noche a la mañana un derecho que es razonable y que, además, está avalado por muchos años de aplicación sin que ello sea causa de que quiebre el erario. La clave la ha dado Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje, al recordar que la partida de la ayuda al residente siempre se ha incluido en los Presupuestos del Estado. Subraya Gallego que no oyó ninguna queja, ni mucho menos toda la batahola que se ha organizado ahora, cuando en 2010 José Blanco, entonces ministro de Fomento, advirtió que se podían modificar las partidas asignadas a estas subvenciones porque se habían detectado fraudes.
Sea como fuese, y se ponga como se ponga de histriónico Paulino Rivero, el que a los españoles canarios los españoles que no son canarios nos sigan costeando la mitad de un billete a la Península dependerá no de nuestra capacidad de presión en Madrid, que es la correspondiente a un 4,2% de la población y un 4,5% del PIB, sino de nuestra habilidad para convencer a un señor de Burgos de que él no tiene derecho a ningún dinero por ser burgalés pero nosotros sí por ser isleños y vivir a 1.000 kilómetros de Huelva, mar abajo. Así de simple. Por añadidura, habría que ver cuál debe ser el monto de las ayudas. Estaban en un 33 por ciento pero Zapatero, con una generosidad que le agradezco en el alma por lo que me afecta personalmente, la subió al 50. En el caso de El Hierro van ya por el 75%, pero a algunos les parece poco. Puestos a seguir pidiendo, ¿llegaremos a exigir, además de la gratuidad absoluta, que nos paguen por viajar?
Se le pueden pedir peras al olmo y comer peras, pero siempre que a uno lo respalde la razón. Es razonable, por todo lo que dije antes y por mucho más, que nos ayuden en los desplazamientos que hagamos por motivos laborales, de ocio o de cualquier índole, pero los recursos son los que son. ¿Combatir el fraude? Por supuesto. Pero no con el certificado de residencia porque, además de que supone volver al siglo pasado, es más fácil falsificar un certificado que un DNI. Luego está el asunto, en absoluto baladí, de los abusos. ¿Es sensato subvencionar a alguien que viaja 30 veces al año? ¿Y a quien viaja 200? Porque volviendo a otro ejemplo de antes, si un madrileño va 200 veces al año de Madrid a Segovia, cuesta creer que solo sea porque le gusta el cochinillo o es un admirador total del acueducto. En esos casos suele haber intereses profesionales o comerciales. Actividades que generan beneficios. ¿Es descabellado hacer un seguimiento de tales singularidades para determinar si deben beneficiarse de las subvenciones establecidas para todos los ciudadanos?
En fin; a mí no me pagan -ni lo pretendo- por explicar, ni mucho menos justificar, las políticas del PP. Tan solo me pregunto si entre los sesudos miembros de sus holgados, amén de bien remunerados, gabinetes de comunicación no hay nadie capaz de hacerlo. Un yerro que les aconsejo corregir porque este asunto, y no solo este, se les está escapando peligrosamente de las manos ante la opinión pública.
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