No queremos minimizar el fuerte oleaje que hemos sufrido estos días en las costas de algunas islas, de manera especial en el sur de Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera. La imposibilidad de que algunos barcos de las dos navieras que operan en el Archipiélago pudiesen realizar con normalidad sus operaciones de estiba tanto en Los Cristianos, como en San Sebastián de La Gomera o el puerto de La Estaca, en El Hierro, son una buena muestra de la magnitud del temporal. Sin embargo, ello no impide que nos preguntemos por qué no se han realizado obras -o por qué no se hicieron en su día- que redujesen los daños causados por las olas.

Preferimos no hablar del dique de protección de San Andrés porque se trata ya de un tema vergonzoso. Lo que no cabía esperar son los daños en zonas turísticas del Sur de Tenerife, como lo es el paseo de El Veril, entre La Enramada y playa del Duque. Viendo esta vía llena de callaos se nos ocurre preguntarles a quienes corresponda si no eran previsibles los oleajes poco habituales, desde luego, pero de ninguna forma impredecibles cuando se construyó dicho paseo. ¿Por qué tenemos que esperar siempre a que se produzcan los daños para poner el remedio? Los perjuicios para los usuarios no se produjeron solo en ese lugar. El oleaje también ocasionó que se volviese a cortar un carril del acceso a Las Galletas por El Fraile. Que no nos diga nadie que esto es consecuencia de que no se han hecho inversiones desde hace 30 años. ¿Por qué no se han hecho? Siempre no hemos estado en crisis. La crisis no puede ser la disculpa para la falta de previsión o las ineptitudes políticas.

Tampoco nos cabe en la cabeza que Canarias sea una de las pocas comunidades autónomas que solo ofrecen la posibilidad de un examen anual en sus escuelas de idiomas. Como publicábamos ayer, Madrid, Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Extremadura, Asturias, País Vasco y otras regiones convocan dos exámenes anuales para aquellos que deseen obtener la certificación del dominio de una lengua extranjera; uno ordinario en junio y otro extraordinario en septiembre. En Canarias quien suspende en la primera ocasión debe esperar un año para volverlo a intentar. El decreto que regula el funcionamiento de estos centros en las Islas establece que la Consejería competente en materia de educación realizará al menos una convocatoria anual de pruebas de certificación para cada uno de los niveles. La posibilidad de habilitar un segundo examen no se ha establecido por la dificultad de encontrar fechas y la complejidad de su elaboración. No nos parecen razones de peso frente a los problemas que se les causan a las personas que necesitan esas acreditaciones.

Tampoco entendemos por qué el Ayuntamiento de El Rosario ha cerrado la planta de biomasa. Según fuentes municipales, el promotor de la actividad no ha presentado toda la documentación preceptiva para su puesta en funcionamiento. El Ayuntamiento ha tomado el acuerdo de buscar un nuevo emplazamiento. Comprendemos las objeciones de los vecinos pero les recordamos a todos lo importante que son algunos proyectos para la economía insular. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Si de verdad queremos combatir el agobiante desempleo que padecemos, no podemos perder ninguna oportunidad. Cada puesto de trabajo cuenta. Cada persona con un salario a final de mes supone una familia menos en apuros. Por eso no entendemos, lo reiteramos, la alegría con la que se retrasan, o se aparcan definitivamente, algunos temas.

Acabamos un día más con el Gobierno de Canarias. En su Consejo de ayer, el Ejecutivo autonómico ha instado al Gobierno de España a aprobar un régimen transitorio que permita compensar a las comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica, mientras se decide su reforma. Insiste el Gobierno regional en que las Islas reciben anualmente 800 millones de euros menos de los que les corresponderían si se les asignara lo que reciben por término medio las demás autonomías. Esto nos suena a lloriqueo y a parche. Lo que necesitamos no son concesiones ni subvenciones en forma de limosnas. Lo que queremos es que nos dejen administrar de una vez nuestros propios recursos, como ocurre en Vasconia y ocurrirá pronto en Cataluña a cambio de que CiU modere el desafío secesionista.