Ha conseguido el Partido Popular canario lo que parecía tarea imposible: convertir a Paulino Rivero en un héroe político regional. Vio el presidente del Gobierno autonómico en el asunto del petróleo una puerta de escape a su deficiente gestión y no perdió la oportunidad de colarse por ella. Hoy, en buena medida por culpa de los populares y de su líder regional, José Manuel Soria, no se habla en estas Islas de los cientos de miles de canarios que siguen sin trabajo -casi la mitad de ellos sin percibir ninguna prestación-, ni de las listas de espera en los hospitales públicos, ni de las colas del hambre -instituciones como Cáritas tienen que multiplicarse, ya no saben cómo, para paliar la desnutrición de miles de indigentes-, ni de un fracaso escolar que no solo nos sitúa en vergonzosos puestos dentro del Estado sino que, además, constituye uno de los principales problemas para que toda una generación acceda al mercado laboral, ni de una larga lista de carencias sociales que hemos citado en nuestros comentarios y editoriales innumerables veces. Hoy solo se habla en Canarias de las prospecciones y de la consiguiente convocatoria de una consulta que va por el mismo camino del enfrentamiento suscitado entre Cataluña y Madrid a tenor de la cuestión independentista. Debates que no sirven para nada porque no crean ni un solo puesto de trabajo. Más bien todo lo contrario, pues suponen dilapidar dinero público que bien podría emplearse en otras cosas.

Criticamos la astucia de Rivero para desviar la atención ciudadana de lo que realmente importa, que son esas carencias que acabamos de citar, y hacemos lo propio con la actitud prepotente del PP y de su líder regional. Era fácil establecer unas regalías claras para Canarias en el caso de las prospecciones y de la posterior explotación de esos recursos petrolíferos, si los hubiese. Era posible hacerlo incluso modificando la ley. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado, con la intervención de su ministro de Industria, por el ordeno y mando. Las prospecciones hay que hacerlas porque el petróleo, en caso de existir, es de suma importancia para España. ¿Y para Canarias, qué? ¿Lo mismo de siempre? ¿El privilegio de presenciar como meros espectadores -asistentes al acto en primera fila, pero a fin de cuentas meros espectadores- el expolio de un recurso más sin que obtengamos beneficios directos de ello? ¿No tenemos poco con que sean más las rentas del turismo que se quedan fuera que las revertidas en las Islas?

Hemos apoyado los sondeos de Repsol desde el primer momento. Dos han sido las únicas condiciones que hemos puesto: que se respete al máximo la conservación del medio ambiente -nuestro gran recurso: en eso coincidimos con Paulino Rivero- y que las Islas se vean favorecidas por esa actividad extractora si, insistimos, llega a producirse porque las posibles reservas de petróleo y gas resulten rentables. En lo que respecta a la preservación del entorno natural, asegura Repsol, al igual que el Gobierno de España, la adopción de las máximas medidas de seguridad para evitar un desastre, con la coletilla añadida de que la seguridad al cien por cien no existe en ninguna actividad humana. Sobre los beneficios económicos para las Islas seguimos sin ver nada. Más aún: la propia compañía ha dejado claro que si se le impone un canon por realizar los estudios previos, renunciaría a ellos porque no le serían rentables. Esto es así porque no estamos en el caso de Noruega y su petróleo del Mar del Norte. Al ser la Administración noruega propietaria de esos recursos, los beneficios permiten, entre otras cosas, mantener un envidiable estado del bienestar.

No es este el caso de España y de Canarias. El Gobierno español le ha concedido a Repsol una licencia de exploración. Esta compañía asume los gastos de los sondeos y, si el resultado es positivo, adquiere de forma automática los derechos de explotación sin más obligaciones que pagar un canon al Estado por la ocupación de la parcela -en este caso una cuadrícula marítima- y el correspondiente impuesto de sociedades. Los beneficios para Canarias se limitarían, llegado el caso, a la contratación de unos cuantos miles de trabajadores necesariamente especializados en la industria del petróleo y sus actividades auxiliares. Aun en el supuesto de que sea necesario todo ese personal, ¿de dónde vendrían esas miles de personas? ¿Procederían de nuestras Islas o de fuera, como siempre ocurre?

La realidad es más diáfana y sencilla de explicar. La actividad petrolífera en Canarias beneficiará a un reducido grupo de empresas ubicadas en Las Palmas. Es decir, en el predio electoral de José Manuel Soria, pues el PP, a la vista de las encuestas que ya han empezado a circular, sufriría una auténtica debacle electoral en mayo de 2015 en todas las demás islas. Los populares saben que no gobernarían ni siquiera en el caso de ganar las elecciones porque el pacto de CC con el PSOE ha funcionado muy bien en estos tres años y medio, y nada impide que lo siga haciendo hasta el final de la legislatura. ¿Por qué no renovarlo? No olvidemos que el nuevo candidato nacionalista, Fernando Clavijo, ha sido bendecido con el silencio de los socialistas porque unos y otros cuentan con seguir gobernando en comandita. Por eso decimos que el PP, sea cual sea finalmente su candidato, no gobernaría ni siquiera ganando. Pero es que ni siquiera va a ganar. A día de hoy está por detrás de CC y del PSOE en intención de voto.

En este escenario, lo conveniente para José Manuel Soria es sacar adelante el tema de las prospecciones y no perder amigos. Amigos que no posee en Tenerife; una isla que siempre ha dado por perdida pues la considera sempiternamente en manos de los nacionalistas, de la misma forma que La Gomera es la finca particular -nunca mejor dicho- de Casimiro Curbelo. Dejando Las Palmas para el PP -por respeto a la memoria de José Rodríguez nos seguimos negando a escribir Gran Canaria para denominar a una isla que aquí, en Tenerife, siempre hemos conocido como Las Palmas-, quedan otras cuatro islas que decidirán el futuro inmediato de este Archipiélago; en ninguna de ellas están asentados con fuerza los populares.

Estas son las circunstancias que ha sabido ver Paulino Rivero pero no José Manuel Soria, aunque quizás sí las haya vislumbrado el ministro de Industria sin que por ello haya decidido actuar al respecto. Cabe suponer que no le interesa volver a la política regional una vez probadas las mieles de un ministerio. Un sabor que sin duda recuerda de su colaboración con Solchaga en Economía, con la diferencia añadida de que no es lo mismo ser subalterno que jefe. Tampoco hemos vuelto a saber nada, políticamente hablando, de Juan Fernando López Aguilar una vez que, fracasado en su intento de presidir el Gobierno de Canarias pese a haber ganado las elecciones, se puso a salvo de CC primero como ministro y luego como eurodiputado.

En definitiva, el Gobierno central de forma genérica y el ministro Soria concretamente han permitido que se emponzoñase un tema que, bien explicado a la población, bien negociado para que Canarias, a menos una vez, saque provecho de sus recursos, tenían casi ganado de antemano. Lo que no se puede hacer es tratar de quedar bien con unos cuantos anuncios publicitarios en los medios regionales. Publicidad que agradecemos porque el sector de la comunicación no está para muchos trotes y que aceptamos porque no coartamos ninguna opinión mientras sea respetuosa y se ajuste a las leyes, pero que en modo alguno soluciona un problema de mucho más calado.

Un apunte antes de acabar acerca de la polémica sobre el vino. Ha expresado el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, su intención de presentar una propuesta para el relanzamiento del sector vitivinícola. Considera que se están produciendo maquinaciones en contra de Tenerife por parte de quienes están a favor de la Denominación de Origen Canarias. Proyecto al que estorba la a su vez Denominación de Origen Tenerife. En este sentido, Bodegas Insulares de Tenerife está realizando un trabajo eficaz para relanzar el sector en nuestra isla. Menos mal que, por fin, un político tinerfeño da un decidido paso al frente para denunciar una maniobra -una más entre muchas- contra esta Isla.