Hablar de pobreza y marginación, de miseria y de desigualdades sociales vuelve a ser hoy, desgraciadamente, algo de plena actualidad. En Canarias lo confirman las 603.000 personas que se encuentran en situación de exclusión social, después de que la desigualdad social en las Islas haya aumentado un 11,1% en los últimos cinco años.

La exclusión y la pobreza ya no sólo se ven reflejadas en los comedores sociales. Ahora se vive en los propios hogares, donde se han dejado de pagar los recibos del agua, la luz, el gas, y lo que es más preocupante, la alimentación y los medicamentos son objetos de lujo para muchas familias.

Desde Cáritas Diocesana ya alertamos de la situación durante la presentación del VII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo social 2013, cuando recordamos que dos tercios de la población canaria ya estaba en situación de exclusión social antes de que se iniciase la crisis económica, en torno a 2007.

Por este motivo, es preciso trabajar para reducir estas tasas de pobreza y, a su vez, para no volver a la situación anterior dominada por los valores de consumir, tirar y consumir, porque ese no debe volver a ser el formato.

En este camino, los responsables políticos deben dar señales para que los ciudadanos no tengan la percepción de que a sus señorías no les importan los problemas de quienes están en exclusión, y tienen que trabajar para poner en marcha medidas en favor de la igualdad social.

Con este compromiso y de cara a las próximas citas electorales, desde Cáritas en Canarias hemos hecho llegar a los partidos políticos el documento "Hacia la construcción de un nuevo modelo social en Canarias", donde se recogen una serie de propuestas de actuación pública en materia de política social, con la intención de que nuestros representantes políticos contribuyan a superar las estructuras de desigualdad, vulnerabilidad, pobreza y exclusión social dentro de Canarias.

Desde Cáritas, consideramos que existen varios ejes indispensables para activar las reformas estructurales que generen justicia social, fomenten la participación en los asuntos comunes, alienten la asunción ciudadana de responsabilidades sociales, hagan más transparente el ejercicio del poder, fortalezcan la democracia representativa, distribuyan la riqueza, protejan el derecho al trabajo como bien necesario para la conservación de la vida personal y familiar, busquen la integración social y generen una sociedad cohesionada.

En este sentido, estamos convencidos de que las terribles realidades que viven algunas familias en Canarias no son consecuencia de la coyuntura económica, sino, fundamentalmente, del modelo socioeconómico que se ha consolidado y que exalta los beneficios económicos a costa, incluso, de la dignidad de todas las personas.

No puede ser que solo las familias sirvan de sustento y apoyo social a las personas que lo están pasando peor, cuando ese trabajo deberían realizarlo las administraciones públicas. De hecho, sabemos que el 74% de las personas en exclusión social en las Islas pueden acudir a un familiar para que les ayude a salir de la situación de emergencia, pero hay un 26% que no tiene ese apoyo, y de las que no sabemos qué ocurre con ellas.

Por otro lado, recientemente se han dado a conocer los datos sobre salarios, donde se nos informa que los salarios siguen cayendo por cuarto trimestre consecutivo. En el caso de Canarias, la diferencia con el País Vasco (que encabeza la lista y la cierra Canarias con Extremadura), respecto a los costes salariales, es superior a los 700 euros/trabajador/mes (2.393,30 euros/trabajador/mes, 1.633,40 euros/trabajador/mes, País Vasco y Canarias, respectivamente).

Por ello, los partidos políticos, ante estas próximas elecciones, deben primar en sus programas el desarrollo social ante el económico, a través de políticas universales de sanidad, vivienda, educación, empleo, redistribución de la riqueza y garantías de ingresos, como pensiones y rentas mínimas, así como fomentar una protección social basada en la eficacia de los servicios sociales públicos, que facilite la promoción y el empoderamiento de las personas. Además, hay que facilitar recursos económicos suficientes y en función del número real de personas que tienen derecho a esa protección social (que no se hagan "parches para salir del paso"), la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), y establecer una política fiscal adecuada.

Sólo así podremos evitar que Canarias siga encabezando los primeros puestos como una de las comunidades autónomas españolas con más riesgo de pobreza y exclusión social, y podremos avanzar en el objetivo de contar con un verdadero modelo social hecho por y para las personas.