En nuestro país, un trabajador por cuenta ajena que signifique 2.000 euros mensuales brutos a una empresa cuesta 511 euros por la cotización a la Seguridad Social, por lo que su salario bruto es de 1.489 euros.
De esa cantidad hay que deducir la Seguridad Social sufragada por el propio trabajador e IRPF, así como sus impuestos directos, a los que hay que añadir los impuestos indirectos como el IGIC, que grava casi todo lo que consumimos, impuesto sobre el alcohol, sobre la gasolina, IBI, impuestos de circulación, tasa de basura, etc., lo que sumaría unos 500 euros mensuales.
Con la suma de la cotización de la empresa a la Seguridad Social más estos impuestos directos e indirectos, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos sanidad, educación, ayudas sociales, jubilación, policía, defensa y un gran número de servicios sociales, básicos o administrativos.
A esto hay que sumar una serie de ineficiencias, o gasto inadecuado, como son el exceso de empleados públicos, la duplicidad de competencias entre el estado, autonomías y ayuntamientos o una burocracia excesiva.
Para los empresarios esto es motivo más que suficiente para la reforma fiscal, o modernización, que necesitamos en Canarias, y que debe analizar a fondo las figuras tributarias existentes, tipos de gravamen, bases imponibles, deducciones o exenciones, tanto en el REF como en el IRPF y en los impuestos especiales.
Dentro de la sostenibilidad presupuestaria, con un gasto eficiente, tampoco podemos dejar de discutir sobre la financiación autonómica o la financiación de Cabildos y Ayuntamientos, manteniendo un diferencial fiscal con el resto del Estado, que es el sostén de nuestra condición como región ultraperiférica europea.
pedro.alfonsomartin@hotmail.com