El próximo miércoles, 21 de junio, es una fecha importante para el sector primario del Archipiélago. Ese día se someterá a votación para su aprobación el proyecto de Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, una norma que impulsará la profesionalización y tecnificación del sector agrícola y ganadero de las Islas.

Con ese fin, el articulado incluye varias medidas para facilitar la modernización y la supervivencia de las explotaciones a través de la simplificación de los trámites burocráticos. Además, se posibilitará el ingreso de rentas complementarias, que serán compatibles con la actividad.

Si hay algo que define a la nueva Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias es que afronta de manera directa los problemas de cada sector para buscar soluciones de desarrollo económico compatibles con el respeto al territorio.

Desde el primer momento, cuando en la fase previa a la redacción del borrador de la ley nos sentamos a dialogar con las asociaciones agrícolas y ganaderas e ingenieros agrónomos, el objetivo del Gobierno de Canarias y de los representantes del sector primario fue el de garantizar que la gente en el campo pueda vivir complementando sus rentas con alguna actividad compatible.

La Ley del Suelo y Espacio Naturales de Canarias supone, por tanto, la incorporación del sector primario a la explotación de un turismo sostenible vinculado al paisaje y al medio ambiente. Dos actividades económicas que (con la normativa actual no eran compatibles) se unen para dar una vía de crecimiento económico a las áreas rurales.

Responde a las demandas del sector primario e invierte la ordenación actual basada en el principio de prohibición general, salvo excepciones muy restrictivas. La nueva ley asume la necesidad de regular con claridad los usos ordinarios y las actividades que se pueden realizar, sin que suponga un menoscabo para la conservación del suelo rústico en las Islas.

Por eso tengo que agradecer las aportaciones y el esfuerzo realizado por todos los implicados para hacer posible que esta ley salga adelante y, cómo no, el trabajo parlamentario sobre un proyecto que ha permitido avanzar hacia una propuesta de consenso, promovida por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para establecer el límite de seis plazas alojativas y siempre en construcciones preexistentes.

*Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias