Una de las tareas fundamentales de una administración que se integra en un Estado Social como el nuestro consiste en procurar el acceso de la población a los servicios esenciales. Garantizar la educación, la vivienda o la protección social son su razón de ser. Ese mismo Estado Social, por definición, huye de conceptos como la beneficencia o la caridad y consagra la obligación de articular políticas integradoras que garanticen los derechos de las personas con mayores necesidades.
La construcción de este sistema, especialmente en materia de atención social, tiene un pilar fundamental en los ayuntamientos, precisamente porque son ellos los que más pegados están a los propios administrados y los que mejor conocen la realidad diaria de sus vecinos. Se trata, en definitiva, de trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos ellos.
Pero esa igualdad no se consigue tratando a todos por igual. Antes al contrario, la eficacia de una política social radica en el tratamiento diferenciado de cada colectivo según sus necesidades específicas y de cada particular según su particular situación. Lo cual no quiere decir que ante una situación idéntica la solución sea diversa: la respuesta ha de estar reglada y ajustada a derecho.
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha trabajado mucho y bien en esta materia en los últimos años. Fuimos la primera administración local canaria en aprobar el Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales, algo que ocurrió a finales de 2013. En ese documento establecimos nuestra estrategia en cuanto a necesidades, objetivos, recursos y programas relacionados con esta materia. El Plan, básicamente, persigue que la administración sea capaz de anticiparse a los problemas que puedan surgir en materia de protección social y dar una respuesta adecuada, proporcionada y justa en función de las propias demandas ciudadanas.
Desde aquel momento, el compromiso municipal y la aportación de recursos económicos no ha dejado de crecer. Hemos dado respuesta puntual a los problemas que se venían detectando a raíz de la durísima crisis económica y, hoy en día, cuando la situación va a mejor y la disponibilidad de fondos es mayor, estamos profundizando en esa política.
Somos conscientes de que hay vecinos que siguen necesitando de lo público, porque lo público es casi lo único que tienen. Y ahora lo que la administración dispone de mayores recursos, es justo que dediquemos más a quien menos tiene.
En ese sentido, el Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención Social aprobó este pasado jueves el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, que asciende a 18,3 millones de euros, lo que representa un incremento de 4 millones y del 30 por ciento con respecto al ejercicio actual, cuyo presupuesto inicial se situó en 14 millones de euros.
Pero no solo aumentan las partidas presupuestarias, sino que también hemos incrementado en los últimos años el nivel de ejecución de las mismas. Por ejemplo, durante el año 2016 alcanzamos el 94 por ciento de ejecución, lo cual quiere decir que la voluntad política que se expresa en un presupuesto ha tenido luego una aplicación y traslación exactas a la realidad.
Estas cifras dan idea de nuestro compromiso con los más desfavorecidos, un compromiso que ha reconocido incluso el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, que ha situado al Ayuntamiento de Santa Cruz entre los diez primeros del Estado con mayor inversión en la lucha contra la pobreza, en relación a su población.
Con este presupuesto, no solo ratificamos un compromiso político, sino que damos cumplimiento a un deber moral como administradores de unos recursos públicos que persiguen, en última instancia, garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social de nuestro pueblo.
*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife