Los periodistas caminamos de puntillas sobre algunos temas donde ser políticamente incorrecto es desaconsejable. Por ejemplo en esa deducción denominada mal llamada "tasa rosa" que anunció la consejera del mismo nombre, o sea, Rosa Dávila, que afecta a los artículos de consumo femenino vinculados a la menstruación. Decir que hubiera sido socialmente más comprometido hacer una deducción a los pañales que usan los mayores -mujeres incluidas- se convierte, en este mundo de pensamiento único, en una especie de pecado machista. Pero no por ello deja de ser verdad.

Un asunto que también afecta a las mujeres, de mucho mayor calado, es el de las camareras de piso, organizadas en un movimiento denominado "las kellys", una asociación de carácter nacional que denuncia las duras condiciones en las que se desenvuelve su trabajo. El relato de los excesos que padecen causa asombro. Pero se supone que vivimos en una sociedad garantista, donde las administraciones públicas y los sindicatos velan para que estas situaciones no se produzcan. Y entonces, cuando se denuncian estos casos, uno se pregunta ¿es algo puntual o se está produciendo con carácter general? ¿Y por qué no se actúa? Al parecer, porque en realidad la carga de trabajo que soportan estas trabajadoras está dentro de la legalidad, al igual que sus salarios. Y si ambas cosas son legales, lo que falla es la norma, no los mecanismos de control.

Los trabajos menos cualificados tienen el problema de que hay mucha gente urgida en hacerlos. Personas que necesitan un salario -cualquier salario- y están dispuestas a aceptar un empleo por duro que sea. Y cuando se tiene una disponibilidad muy grande de mano de obra pasa como cuando hay un excedente de un producto en el mercado, que los precios bajan. El excedente, en este caso, son seres humanos que están en el paro y que por salir de él están dispuestos a cualquier cosa.

Es un hecho que en Canarias tenemos una floreciente economía sumergida. Cuando uno coge los estudios de pobreza en una mano y los datos del incremento del consumo o la matriculación de coches en la otra, lo que se produce es un contrasentido que no entiende ni dios. ¿Si somos tan pobres cómo es que gastamos tanto? Pero además de esa economía subterránea -que algunos cifran en el 25% del PIB- tenemos otra economía legal que vive en las fronteras de la dignidad. Aquí hay grandes cadenas hoteleras que extraen más beneficios de la cuenta de la masa salarial y grandes constructoras que ganan las obras públicas y subcontratan a las empresitas canarias apretándoles los precios hasta la asfixia. Esa es, en realidad, la madre de todos los corderos a la que nadie quiere meter mano.

¿Cómo? Pues el nacionalismo se demuestra andando. Tal vez con menos literatura y más condiciones que discriminen positivamente a los que crean aquí empleo de calidad y riqueza. El que quiera lapas en Canarias, que se moje los cuartos traseros.