Santa Cruz viene experimentando en los últimos años una silenciosa pero imparable transformación, que está abriendo nuevas oportunidades en sectores económicos y contribuyendo al progreso y bienestar de su población.

Esa realidad es tan constatable con los datos macroeconómicos en la mano como en la percepción ciudadana sobre la marcha de la ciudad; una ciudad que poco a poco está restituyendo a su gente todo lo que la crisis destruyó y que, estoy convencido, saldrá definitivamente fortalecida como centro de los negocios y del empleo a nivel insular.

La mejora de la situación económica global es un factor decisivo en esa transformación -sería ridículo negarlo-, pero también hay otros condicionantes de carácter doméstico que están teniendo un impacto positivo en nuestras calles y en los bolsillos de nuestros vecinos.

Las políticas municipales de alivio fiscal junto a otras de incentivación económica en sectores como el comercio, el turismo e, incluso, las nuevas tecnologías o los servicios financieros dan forma hoy en día a una ciudad pujante, dinámica y competitiva.

En cualquier caso, ese proceso nace de la voluntad, trabajo y sacrificio de cuantos viven o trabajan en la ciudad y será resultado también de esas mismas cualidades, en la esfera individual o colectiva.

Precisamente porque hay muchas cosas en juego, conviene no jugar con ellas.

Y, sobre todo, hay que meditar con sumo cuidado la adopción de determinadas medidas que, independientemente de cuestiones de legalidad o legitimidad, tendrán consecuencias directas sobre toda la población del municipio, la residente y la laboral.

Me refiero a eventuales protestas de colectivos que, cada uno con sus propias características, como Policía Local o sector del taxi, prestan un servicio público a la ciudadanía, a la que ninguno de ellos debería perjudicar.

El Ayuntamiento y, particularmente, este alcalde siempre han apostado por el diálogo y la negociación como vía para la resolución de los contenciosos profesionales o laborales de los colectivos que forman parte de la ciudad: analizando las causas de los conflictos, y, a partir de ahí, compartiendo un diagnóstico y buscando soluciones consensuadas. Eso sí, desde la negociación leal y sincera, y con el fin último de evitar perjuicios a los vecinos, problemas a la ciudad.

Esa será, y no otra, mi línea de actuación en los próximos días.

Estaré, como siempre, abierto al diálogo y, como siempre, rechazaré imposiciones y posturas maximalistas que se suelen traducir al final en chantajes a la ciudadanía. Mi obligación es defender el interés general de todos los vecinos, por encima de intereses particulares.

Santa Cruz y su Ayuntamiento son respetuosos con el derecho que asiste a cualquiera a la manifestación, a la protesta o a la huelga. Pero el Ayuntamiento también tiene derecho a garantizar que la vida diaria en la ciudad se desarrolle con normalidad.

Especialmente, porque hoy en día Santa Cruz es una ciudad que funciona, y funciona bien. Y mi obligación, además, es que las cosas sigan siendo así.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife