El presidente del Gobierno de Canarias ha empezado el año con decisión. Si el martes reunió al Ejecutivo con el propósito de establecer los objetivos para 2018, el jueves invitó a un nutrido grupo de agentes económicos y sociales, cargos públicos, rectores y medios de comunicación de las Islas con el fin de recordarles los retos que el Archipiélago tiene en este ejercicio, tanto a nivel estatal como europeo, y exhortarles a enfrentarse a ellos unidos. Respecto al primer encuentro, poco que objetar a la principal meta fijada por Fernando Clavijo: lograr que la recuperación económica llegue a las familias de las Islas. Todo lo contrario, desde estas líneas se ha insistido, en múltiples ocasiones, en la necesidad de mejorar los mecanismos de distribución de la riqueza generada en Canarias. Es difícil asumir que se hable continuamente de récords en la llegada de turistas y en el gasto que realizan, pero, a su vez, se mantengan grandes bolsas de pobreza y altos porcentajes de personas en riesgo de exclusión social. De ahí que el objetivo fijado por el presidente del Gobierno deba contar con el respaldo de toda la sociedad canaria. A él le corresponde, no obstante, formular la mejor manera para lograrlo y aunar apoyos. En cuanto a la segunda cita, es evidente que las negociaciones en Madrid y Bruselas tienen más posibilidades de éxito si previamente han sido consensuadas en las Islas. Lo que se juega el Archipiélago es lo suficientemente importante como para que todos hagan un esfuerzo en ese sentido. Cada uno dentro del ámbito de sus posibilidades. Clavijo ya anunció que a finales de este mes o inicios del próximo tiene previsto reunirse con Mariano Rajoy para analizar, entre otras cosas, los presupuestos estatales, el convenio de carreteras y el Régimen Económico y Fiscal, tres asuntos capitales para las Islas. Seguro que sobre la mesa también estará el nuevo sistema de financiación autonómica y la reforma del Estatuto de Autonomía. En Bruselas, las materias a abordar son igualmente de suma relevancia, ya que están en juego una buena cantidad de fondos europeos y que se continúe respetando la singularidades de las Islas como región ultraperiférica. Los retos son muchos y de gran calado. La mejor manera de abordarlos con éxito es hacerlo unidos.

El Tribunal Supremo ha dado un buen tirón de orejas al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, y más en concreto a su ministra de Fomento en la pasada legislatura, Ana Pastor, actual presidenta del Congreso de los Diputados, por el recorte que sufrió durante el periodo 2012-16 el convenio de carreteras suscrito con Canarias. La sentencia, que se dio a conocer el lunes, reconoce a favor de las Islas una deuda de 138 millones de euros, solo en 2012. Desde el Ejecutivo canario se estima que la cifra total puede superar los 700 millones. Lo más llamativo, sin embargo, son las explicaciones del magistrado ponente que afea al Estado no haber aducido en su favor el principio jurídico que permite modificar o cancelar un contrato "por circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad de las partes", a través de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, en lugar del "puro y simple incumplimiento del convenio". Habrá que confiar en que el PP haya tomado nota de que con el diálogo se logran más cosas. Y, sobre todo, que abone la deuda.