En septiembre de 2017, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con la abstención de Podemos, el informe de una subcomisión "ad hoc" en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.
El Pacto, con un alto grado de consenso político, institucional y social, contó con las aportaciones de la sociedad civil y ha sido capaz de unir, también, a comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, en la lucha para la erradicación de la violencia de género.
El documento, que parte del diagnóstico de la grave situación de la violencia de género en España, contiene más de 200 propuestas de actuación en los más diversos ámbitos: preventivo, asistencial, educativo y judicial, entre otros, y parte de una ficha financiera de 1.000 millones de euros a ejecutar en cinco años.
Sin embargo, meses después de su aprobación, el Estado aún no ha puesto a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos las cantidades comprometidas, que para este año ascenderían a 200 millones de euros.
Ya en octubre de 2017, ante la previsión de que no se aprobarían los presupuestos generales del Estado para 2018 en plazo, desde el Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento autonómico promovimos instar al Gobierno de España a habilitar un crédito extraordinario para el año 2018 con destino a la ejecución del Pacto, para facilitar que los recursos estuvieran disponibles desde principios de año. Sin embargo, el Estado, no ha hecho nada al respecto.
Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Estamos a las puertas de mitad de 2018 y el Gobierno de España ha fiado la viabilidad del Pacto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que solo ha consignado 80 millones de euros de los 200 previstos.
En Coalición Canaria estamos implicados en la lucha contra la violencia de género y consideramos irrenunciable que el Pacto pueda contar con los recursos necesarios para asegurar su funcionamiento. Por ello hemos presentado una enmienda parcial al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para garantizar el cumplimiento de todas las medidas en este año. En nuestra enmienda exigimos un incremento de 120 millones de euros, que se sumarían a los 80 millones ya consignados, hasta lograr los 200 comprometidos.
En la misma línea, este mes hemos promovido una Proposición no de Ley en el Parlamento de Canarias, aprobada por unanimidad, para instar a todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso a presentar enmiendas que garanticen los fondos necesarios para el Pacto.
Además, pedimos que los recursos se consignen con carácter finalista. Que no se diluyan en partidas genéricas sino que estén identificados para programas concretos, a los que se pueda hacer el seguimiento correspondiente.
El Gobierno de Canarias trabaja desde hace tiempo en muchas de las medidas que contempla el Pacto de Estado. Disponemos de una red de recursos de asistencia a las víctimas, desarrollada en las siete islas con la colaboración de los cabildos insulares, que presta asistencia a cualquier mujer víctima de violencia, independientemente de que haya presentado denuncia o no. La Ley Canaria ha sido pionera en su adaptación al Convenio de Estambul para contemplar todas las formas de violencia contra la mujer. Contamos con un marco de actuación para la prevención temprana y un protocolo de coordinación interinstitucional, también pionero desde 2009, recientemente renovado, en el que están implicados todos los agentes que intervienen ante un caso de violencia (judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, sanitarios?).
Sin embargo, los casos de violencia siguen siendo una de nuestras mayores preocupaciones. Es necesario redoblar los esfuerzos para lograr erradicar esta lacra. Se trata de una tarea difícil para la que es imprescindible contar con los recursos económicos adecuados y que esos recursos lleguen a tiempo a comunidades autónomas y ayuntamientos para poder planificar los proyectos y dar respuesta a las víctimas.
Disponer un marco estable de financiación es la única vía para dar estabilidad y continuidad a los programas de prevención, concienciación y asistencia a las víctimas, además de dar estabilidad al conjunto de profesionales implicados en su ejecución.
*Diputada autonómica de CC