Nada ni nadie debe presuponer que el nuevo presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, vaya a faltar a su palabra y la denominada agenda canaria se haya convertido en papel mojado con su llegada a la Moncloa. Es de justicia darle un voto de confianza. Pero tampoco hay que ser ingenuos y pensar que el Ejecutivo surgido de la moción de censura aprobada el viernes va a aplicar el presupuesto general del Estado tal y como fue refrendado hace apenas unas semanas por el Congreso de los Diputados. De hecho, ahí está el veto presentado por PDeCat, Bildu, ERC y Compromís, aliados del líder socialista para desalojar a Mariano Rajoy del Gobierno. Una cosa son las promesas y otra su posterior ejecución. Si ya existían dudas con los autores de su redacción, qué decir de quienes los asumen por obligación, no por convicción. Hace bien el Ejecutivo canario y la formación que lo sustenta en mostrar su temor. El panorama efectivamente ha cambiado y hay que adaptarse a la nueva situación. A partir de ahora los votos decisivos tienen otro origen. No obstante, aprovechando el inicio de la etapa Sánchez Castejón, es bueno reiterar la llamada a la responsabilidad de todos los diputados y senadores elegidos en este Archipiélago, para hacer un frente común, junto con el Gobierno que preside Fernando Clavijo, destinado a garantizar que los derechos de los canarios no se vean relegados. No se puede dar un paso atrás en lo logrado hasta aquí. Si los presupuestos generales del Estado de 2018 eran buenos para las Islas hace quince días -y así se manifestaba por parte de la mayoría de los parlamentarios-, hay que reclamar su aplicación. Con responsabilidad, con diálogo y con el mismo espíritu negociador evidenciado desde que se inició en el Archipiélago la actual legislatura. Del mismo modo, hay que defender los avances conseguidos en la tramitación del REF y en la reforma del Estatuto de Autonomía.

La defensa de la agenda canaria ante el Gobierno central es un asunto de todos y al igual que durante el Gobierno del PP se exhortaba a los diputados y senadores elegidos en las Islas a que antepusieran su origen a las siglas, en esta nueva etapa la exigencia es la misma. Solo así se conseguirá que los votos de los parlamentarios del Archipiélago sean necesarios. Debe primar el interés por el bienestar de los residentes en esta tierra a cualquier otro aliciente. Están en juego los derechos -no privilegios- de los canarios y su vigencia no se debe dejar en manos de los representantes de otras comunidades autónomas por mor de la aritmética parlamentaria.

Tal y como se temía, al consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, le genera pérdidas de lucidez su lugar de nacimiento. Extraña su reclamación de una tercera pista para el aeropuerto de Gran Canaria frente al silencio que mantiene acerca de la situación del aeródromo de Tenerife Sur, que permanece cerrado por la noche debido a las obras de repavimentación de su única pista. Unos tanto y otros tan poco, gracias, entre otras cosas, a determinados políticos canariones.